El titular de Segob entregó a PGR, SFP y al Congreso un expediente con los contratos firmados con Pemex para que determinen si incurrió en un delito. (Archivo)
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informó esta tarde que envió a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión los expedientes con los contratos que firmó como representante legal de la empresa Ivancar con Petróleos Mexicanos.
En un mensaje a la prensa, desde Bucareli, Mouriño explicó que son siete los convenios entre 2000 y 2004 firmados por él y “no hay más”. En ese sentido, comentó que las instituciones serán las que determinen si hubo alguna irregularidad en estos contratos.
Esto con el propósito, dijo, de facilitar las investigaciones y deliberaciones sobre la denuncia por supuesto conflicto de intereses y tráfico de influencias, presentada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
"Sigo trabajando firme en el gobierno y a favor del proyecto de México", expresó.
Expuso que así cumple con su deber como servidor público y ciudadano.
En conferencia de prensa el titular de la Segob aseguró que no hay más contratos en los que haya participado como apoderado legal de esa empresa.
Subrayó que se mantendrá en sus funciones como secretario de Gobernación y, por ello, sigue en comunicación constante con las diferentes fuerzas políticas y sociales de este país, trabajando firme en el proyecto del presidente Felipe Calderón y de México.
En la sala de conferencias de la Secretaría de Gobernación (Segob), Mouriño Terrazo negó la existencia de conflicto de intereses en su actuación como servidor público.
Rechazó haber incurrido en tráfico de influencias en la firma de esos contratos y negó también haber tenido alguna conducta tipificada en el Código Penal Federal.
Reiteró además su plena disposición a acudir ante cualquier instancia legal competente a fin de que se haga cualquier aclaración que el caso amerite; "exhibo todos y cada uno de los contratos porque no tengo nada que esconder", insistió.
Acusó que quienes se sirven de esa información para crear "una historia dolosa" lo hacen con un evidente propósito político, pretenden evadir la discusión de los temas de fondo y se empeñan en detener la marcha de un gobierno decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad.
Mouriño Terrazo explicó que Transportes Especializados Invancar se creó en 1985, cuando tenía 14 años de edad, y ha prestado servicios de transporte en productos petrolíferos y petroquímicos a Pemex ininterrumpidamente por más de 22 años.
Indicó que de 1985 a 1993 Pemex asignó las cargas a diversos transportistas, según sus propias necesidades.
En ese último año (1993) la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación de Transportistas lograron la adjudicación directa de un contrato marco de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para sus afiliados.
Ese contrato marco fue resultado de negociaciones de entre Pemex Refinación y el sector transportista, y en 1998 la paraestatal solicitó contratos individuales con cada una de las empresas transportistas, entre ellas Ivancar, bajo los términos del contrato marco.
Señaló que todos esos contratos se firman bajo los mismos términos y condiciones para los afiliados a la Canacar, lo que significa que todos firman el mismo documento modelo y se sujetan al mismo precio pues las tarifas están determinadas por un comité integrado por diversas dependencias del gobierno federal.
Por lo anterior, agregó, resulta claro que Ivancar no podría haber obtenido privilegio alguno por la firma de esos contratos; su participación como transportista de Pemex se ha mantenido constante a lo largo de 22 años y representa 0.5 por ciento anual de lo que asigna a los transportistas de 1998 a la fecha.
Insistió en que la relación entre Ivancar y Pemex no inició cuando era funcionario público, sino mucho antes, en 1985, por lo que su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía tampoco significó beneficio alguno para la empresa.
Negó que haya conflicto de intereses en su actuación como servidor público pues sus atribuciones no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación ni con las cuestiones del transporte.
Rechazó haber incurrido en tráfico de influencias puesto que, dijo, jamás indujo a funcionario alguno de Pemex Refinación para obtener beneficios o privilegios indebidos.
