El Ejército Popular Revolucionario aseguró que el atentado en Morelia, durante la ceremonia del Grito el pasado 15 de septiembre, fue un acto de provocación de la derecha y del propio gobierno federal para crear un escenario artificial de militarización que justifique la persecución de luchadores sociales en el país.
Señaló que el presidente Felipe Calderón ha adoptado una estrategia paramilitarista con el propósito de implantar, a través de acciones sucias, el terror en la población y “ablandar” el terreno para la aceptación de un Estado policíaco-militar.
Calificó como “acto de barbarie” las explosiones en la plaza Melchor Ocampo la semana pasada y señaló que también le sirvieron al gobierno federal como represalia contra el gobernador Leonel Godoy, por haberse solidarizado con el EPR en la búsqueda de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En un comunicado difundido este martes, el grupo armado reiteró que seguirá respetando la tregua ofrecida a la Comisión de Mediación que busca a sus militantes desaparecidos, y pidió al gobierno que no obstaculice los trabajos de los intelectuales que integran dicho grupo.
Señaló que el fenómeno de la delincuencia organizada en México es generado por y para beneficio del Estado y que las policías, el Ejército y las instituciones son en realidad las grandes productoras de delincuentes orgánicos.
Y mencionó que, de momento, el único beneficiario de esta crisis de seguridad es el PRI, aliado con el Yunque y representantes del PAN ultrarradicales.
“A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN les de protección a los gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla”.
En su texto, el grupo armado asegura que todo forma parte de un plan de contrainsurgencia en contra de la población más pobre del país y toma como base el estudio de la Sedesol “Producción, tráfico de estupefacientes y microregiones prioritarias", elaborado en 2003, en donde se identifica pobreza con narcotráfico en las regiones más miserables de México como son Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; la Mixteca y Los Chimalapas en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva en Chiapas; La Huasteca y Zongolica en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua y Las Quebradas, entre Sinaloa y Durango.
