Eperristas acusaron al Gobierno Federal de seguir desapareciendo luchadores sociales. (Archivo)
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reiteró al Gobierno Federal su demanda de que aparezcan con vida y en libertad sus militantes desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y no descartan que se encuentren en el Campo Militar número Uno o en algunas de las casas de seguridad que, afirman, tiene el Estado mexicano en la Ciudad de México.
En un comunicado difundido ayer, el grupo armado rechaza haber realizado negociación alguna con el Gobierno Federal para decretar la tregua actualmente en vigor y encuadra tales versiones en el terrorismo de Estado que, dicen, se ha desplegado en su contra.
En días pasados se revelaron los sucesos previos a la propuesta eperrista del 24 de abril pasado para nombrar a una comisión de intelectuales que intercedan ante el Gobierno para que aparezcan sus compañeros de lucha. Ahora, el EPR asegura que tal versión tiene como propósito “reventar el papel de la Comisión de Mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta”.
“Ni negociaciones secretas, ni hipótesis de confort, ambas son parte de la campaña contrainsurgente, que de manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al desgaste y al olvido por medio del terror de Estado”.
En su texto asegura que el Gobierno Federal sigue desapareciendo luchadores sociales, tales como Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco en el estado de Puebla y al colono Moisés Molina Rodríguez en Michoacán.
Rechaza las acciones gubernamentales para detener el alza de los precios d consumo básico y las califica de engaño al pueblo, así como defiende la capacidad de técnicos mexicanos para sacar a delante a Pemex sin tener que venderla a empresas privadas extranjeras.
En su parte final el comunicado recuerda la matanza de Aguas Blancas. “Rubén Figueroa padre y Rubén Figueroa hijo, asesino de Aguas Blancas, par de asesinos seriales protegidos por el Estado por presiones del PRI para no ser molestados y vivir en la impunidad, este último culpable de la masacre de los campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995”.
