El Ejército Popular Revolucionario (EPR) manifestó que sigue esperando una respuesta oficial, clara y concreta, sobre el caso de la detención-desaparición de sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Además, rechazó la versión del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en el sentido de no saber qué pasó con sus militantes, ya que, asegura, fueron detenidos en el marco de la persecución al movimiento magisterial.
En entrevista el pasado 7 de julio, el mandatario oaxaqueño aseguró que dichas personas no fueron desaparecidas en su entidad y que no hay registro de su paso, tal y como lo ha afirmado el grupo armado, aunque dijo no meter las manos al fuego por ninguno de sus funcionarios o policías, quienes, de ser encontrados culpables de algún delito, deberían ser castigados.
“¡Ulises miente! Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo por la tarde para iniciar otra actividad, fueron dejados en un punto de la ciudad por la tarde cerca del Hotel del Árbol a eso de las 5:00 p.m. porque a las 7:00 p.m. tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar por la noche. Para el 25 por la mañana que deberían de reportarse, ya no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas.
“Necesario es aclarar que nuestros compañeros nunca estuvieron hospedados en el Hotel del Árbol, esa es una versión policiaca, como tampoco su interior lo usaron como punto de reunión, lo mencionamos como un punto de referencia del lugar donde compañeros de nuestro partido los dejaron por última vez”, expuso el EPR en un comunicado.
En otra parte de su misiva, el grupo guerrillero señala que el Gobierno Federal es responsable de la política que determina los asesinatos a los luchadores sociales, la tortura, las desapariciones forzadas por motivos políticos, que ejecutan los gobiernos estatales con tal de recibir partidas presupuestarias extraordinarias para seguir enriqueciéndose.
Al final, repudia el panorama de los derechos humanos en México y descalifica la pretensión de la colombiana Ingrid Betancourt para que el presidente Felipe Calderón intervenga para lograr la liberación de los prisioneros que están en poder de las FARC.
