En los últimos 17 años, por lo menos cinco establos se han instalado sobre el lecho seco del río Nazas entre los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro. Con la avenida del río que se registra desde el pasado 10 de septiembre, estas construcciones se han convertido en obstáculos que impiden el paso libre del agua, formándose represas que han provocado inundaciones en algunos ejidos por el aumento en el nivel del agua de hasta dos metros de altura.
Dichas construcciones le han restado capacidad de conducción al cauce del río, aumentando el riesgo de que poblaciones como Francisco I. Madero, Santo Niño, La Luz, entre otros, puedan quedar inundados.
El establo Guadalupe, ubicado en el ejido Guadalupe Victoria del municipio de Matamoros, constituye actualmente el dique más grande por el bordo colocado en su entorno, se le conoce como “la represa Guadalupe”.
Otros dos son: el establo La Rosalera, situado en el ejido Coyote, municipio de Matamoros y el establo Santa Mónica ubicado a un costado del ejido Santa Mónica, en el municipio de San Pedro y el cual abarca dos secciones.
Para el secretario de Fomento Agropecuario, Héctor Fernández Aguirre, no existe ninguna irregularidad de parte de los propietarios de los establos ya que han “demostrado con papeles que no están invadiendo el río y que ellos compraron esas tierras”. Sin embargo, para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos establos se encuentran ubicados en terrenos federales por lo que mandó hacer un estudio topográfico del lecho del río.
“Hay predios sobre el río que están escriturados, bordos que se hicieron durante años. Con ese estudio vamos a tener la certeza y vamos a delimitar perfectamente el lecho del río y a los propietarios de tierra sobre el lecho se les va a mostrar el estudio y a comprobar que están invadiendo y que ese terreno debe regresarse al patrimonio nacional”, dijo Óscar Gutiérrez Santana, director de Cuencas Centrales del Norte de Conagua.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Armando Luna Canales, comentó que la eliminación de tales diques es responsabilidad legal de Conagua.
“Por nuestra parte, nosotros estamos listos para proceder a derribar todo lo que obstruye el paso de las aguas. La semana pasada nosotros no actuamos porque campesinos del ejido Guadalupe Victoria nos impidieron trabajar y además la gente de Conagua no se presentó”.
Fernández Aguirre afirmó que los dueños de los establos están en la mejor disposición de colaborar con la Conagua para contribuir a la seguridad de los pobladores de los municipios de Matamoros, San Pedro y Madero, sin embargo, no hicieron ningún compromiso a cumplir en determinado plazo.
“Los propietarios de los ranchos establecidos en las márgenes del río se comprometieron a hacer lo que sea necesario para contribuir a la seguridad de los pobladores, pero no dijeron cuándo, porque el que les tiene que exigir es Conagua”, dijo Fernández Aguirre.
Por su parte, Gutiérrez Santana comentó que la dependencia a su cargo debe de trabajar de manera conjunta con los municipios para evitar las invasiones.
“Debe ser un esfuerzo conjunto de Conagua con los municipios, firmando convenios para que los municipios puedan constituirse en autoridad sobre el lecho del río para evitar invasiones o desecho de basura o escombro y que tengan las facultades para combatirlo porque Conagua no tiene los recursos”.
Gutiérrez Santana espera que los fondos de la Zona Metropolitana sirvan para ordenar el cauce del río.
