La tragedia ocurrida en un antro de la Ciudad de México, en el que con motivo de la ejecución de un operativo policiaco perdieron la vida nueve jóvenes parroquianos y tres policías, amerita ser objeto de reflexión.
La generalidad de los comentarios periodísticos sobre lo ocurrido en el antro conocido con el disparatado nombre de “New’s Divine”, señalan al Gobierno del Distrito Federal como responsable de la existencia de una estructura perniciosa en virtud de la cual, el sistema de Policía Preventiva que debería proteger a la sociedad criminaliza al ciudadano y ejerce un mecanismo de extorsión sobre los propietarios y explotadores de los llamados giros negros.
La existencia del fenómeno es verdad sabida, cuyo reconocimiento no es suficiente para resolver el problema de fondo que además de ser gubernamental, es de carácter social.
En el antro referido como en muchos otros del país, se reúnen adolescentes muchos de ellos menores de edad a convivir en un ambiente en el que se escucha música estridente, que resulta propicio a la venta y consumo tanto de bebidas alcohólicas como de drogas. El fenómeno no es nuevo y forma parte de una dinámica en la cual, la diversión que a todos nos gusta se convierte en el parteaguas de la dignificación o la degradación de la persona humana, lo que es tan viejo como la historia del mundo. Hoy esa tendencia potencializa sus efectos, con motivo de la explotación comercial de las masas.
Se trata de reuniones en las que las personas que intervienen no se conocen unas a otras, en un ambiente oscuro y ruidoso que no permite interactuar, por lo que los participantes diluyen su identidad individual en una muchedumbre amorfa.
No se trata de reuniones recreativas en las que se privilegie la comunicación entre los jóvenes, ni el intercambio de experiencias positivas, ni de una diversión en la que la práctica del canto o el baile se produzca como parte integral de una formación o de una expresión emocional o estética del nivel o gusto que fuere.
La masa orgiástica es presa del consumo comercial de productos que alteran la conciencia, en establecimientos que viven en la frontera que existe entre la legalidad amparada en licencias o permisos que expide la autoridad para el funcionamiento de los antros y el abismo de la ilegalidad que supone el consumo de substancias prohibidas.
La tragedia se desencadena en virtud de un operativo de revisión mal ejecutado por la Policía, que provoca una estampida humana; lo inadecuado del local de reunión y la naturaleza irracional del pánico asumido, es causa de muerte por asfixia y lesiones múltiples de víctimas diversas, tanto en el universo de los jóvenes asistentes, como en el grupo de agentes de Policía.
Se buscan culpables, se destituyen funcionarios, se abren procesos penales y como último consuelo se exigen y pagan indemnizaciones económicas que de ningún modo compensan las pérdidas irreparables. Queda irresuelto el problema de las estructuras perniciosas en virtud de las cuales la corrupción gubernamental, la explotación comercial del vicio y el vacío existencial de la clientela van de la mano.
La visión del Estado como sustituto de la Divina Providencia, llevada al plano del control administrativo de los lugares de diversión, genera una sensación de falsa seguridad respecto a que nuestros jóvenes o nosotros mismos podamos estar a salvo, en lugares que por naturaleza y definición constituyen un riesgo grave.
Por otra parte, cada vez mas temprano niños y jóvenes tienen acceso al mundo de los adultos, sin que su prematuro arribo vaya acompañado del bagaje de responsabilidad y preparación que exige incursionar en un medio en el que acechan múltiples peligros, que pueden matar el cuerpo y el alma.
Lo ocurrido es una prueba de lo inútil que resulta esperar que afuera de nuestros hogares, exista un mundo en el que el Gobierno por sí solo tenga la capacidad de garantizar la seguridad de nuestros jóvenes en cualquier sitio, por cuestionable que sea su ambiente.
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