Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública suscribieron el pasado jueves el Acuerdo Nacional de Seguridad, integrado por 74 puntos. (Archivo)
El Acuerdo por la Seguridad firmado el jueves en la Ciudad de México por el presidente Felipe Calderón y los gobernadores obliga a los gobiernos locales a varios compromisos.
Los estados
En un año los gobernadores se comprometen a crear y fortalecer los centros de evaluación y control de confianza certificados en cada Estado, para el personal de instituciones policiacas, de procuración de justicia y los penales.
Y en seis meses deberán de someter a exámenes de confianza al responsable, primer nivel de mando y todos los integrantes de las unidades antisecuestros.
Procuradurías y secretarias de seguridad deben perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de sus elementos en seis meses.
Los estados tienen que replicar en un año el esquema federal para certificar la confianza de Ministerios Públicos y condicionar la permanencia a los resultados de esta evaluación.
En el presupuesto de 2009, los gobiernos estatales deberán reasignar recursos y partidas para fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de Justicia.
COMBATE AL SECUESTRO
Para combatir el secuestro los estados se comprometieron a crear unidades especiales. Estas unidades, que también serán sometidas a evaluación, a su vez tendrán que coordinarse e intercambiar información policial con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En seis meses tienen que aterrizar este plan.
Las leyes de seguridad públicas estatales tienen que adecuarse a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión en seis meses.
INFORMACIÓN ÚNICA
En un año, se tienen que conformar las bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, Ministerios Públicos y registro de armamento. También se comprometen a aplicar de manera generalizada un informe policial homologado y generar mapas delictivos.
PROGRAMAS ESTATALES
Antes de que finalice el año, los estados deben de cumplir compromisos con tres dependencias federales que no son del área de seguridad pública.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social tienen que aplicar recursos para la rehabilitación de espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.
Con la Secretaría de Educación Pública tienen que cumplir las metas anuales del acuerdo así como la aplicación oportuna de los recursos federales y estatales.
Al mismo tiempo se tienen que coordinar con la Secretaría de Salud para cumplir con la aplicación de recursos federales y estatales al programa Centros de Atención Primaria Nueva Vida que atiende a personas con problemas de adicciones.
Los gobiernos de los estados se comprometen también a establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública.
Los municipios
La profesionalización. Dentro del acuerdo nacional de Seguridad se tiene que instaurar en un año un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación y retiro de los policías.
Se establece además la interconexión a los sistemas y protocolos del programa Plataforma México para el registro, acceso y análisis de información sustantiva. Para aplicar esta tarea se dio un periodo de seis meses a los 150 municipios del Subsemun y dos años para el resto de los ayuntamientos.
En lo que a armas se refiere, en seis meses los municipios deberán de actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el archivo de la Plataforma México.
En el mismo tiempo de ejecución deben aplicarse las siguientes tareas: Actualizar y adecuar las normas municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública.
Desarrollar un programa municipal que incorpore el componente social de la estrategia de seguridad en medio año y establecer indicadores de evaluación y seguimiento a las policías.
Por último se propone que los gobiernos municipales reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos, agrega el acuerdo, será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes en el presupuesto del año 2009.
