El gobierno de Estados Unidos hizo público el informe sobre las armas confiscadas en su territorio durante 2007, una gigantesca base de datos que resulta clave para rastrear el origen de las fusiles AK-47, pistolas y rifles de asalto utilizados por los cárteles mexicanos para asesinar a cientos de policías, civiles y miembros de esos grupos criminales en México.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Control de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF), en 2007 el gobierno estadounidense remitió a las autoridades mexicanas mil 112 armas procedentes de California, Arizona y Texas, estados identificados como principales fuentes de suministro de los cárteles mexicanos.
Este envío tiene el propósito de que sirvieran para realizar cruces y análisis de información, para determinar si algunas fueron usadas en México, conocer cuáles grupos criminales las utilizaron y saber desde dónde fueron enviadas.
La principal exigencia del gobierno mexicano es que las armas, cuyo punto de origen es Estados Unidos, sean detectadas y confiscadas por las autoridades de ese país antes de que crucen la frontera.
Ambos países trabajan dentro de un amplio sistema de inteligencia bilateral que, de acuerdo con la ATF, "ha sido abrumado en los dos lados de la frontera" por el número de armas que se trafican.
En 2007, México aumentó en 100% la petición de rastreo de armas por parte de Estados Unidos.
Se estima que el 90% de las pistolas, rifles de asalto y otros artefactos de alto poder que entran a México son enviados desde Estados Unidos.
El rastreo de armas es una pieza esencial en la tarea de descifrar y desarticular el tráfico internacional, un sistema construido con una perfección casi arquitectónica por los cárteles de la droga.
En este sistema figura una serie de actores en cadena que utilizan para comerciar los narcóticos: los productores, los intermediarios en las transacciones, los encargados de lavar el dinero y quienes trasladan el producto hasta su destino final.
Cada arma confiscada en Estados Unidos es ingresada en un sistema digital, que se encarga de grabar y almacenar datos específicos: número de serie, nombre del fabricante y del importador y calibre de cada arma.
Con esa información, la ATF puede trabajar en retrospectiva desde el punto donde el armamento fue confiscado y el almacén donde fue vendido, hasta la identidad del primer comprador y saber incluso si otras armas fueron compradas en la misma operación.
La ATF, con la base de datos, puede reconstruir el flujo de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México y saber cómo y dónde fueron compradas y quién las adquiere.
Sin esa información sería imposible rastrear la procedencia del armamento y sin la esencial operación de rastreo no habría manera de saber si las armas se originaron en Estados Unidos y si fueron transportadas a México.
De acuerdo con la ATF, las batallas que han desatado en México los cárteles de la droga por el control de lucrativos corredores, cuyo destino final es Estados Unidos, son resultado de una intensa lucha desplegada por las autoridades mexicanas para frenar esa actividad y una respuesta a las extradiciones de jefes de los carteles que iniciaron en 2003.
Para la agencia estadounidense encargada de combatir el tráfico de armas es evidente que, en busca de ganar el control de algunos corredores en disputa, como el Sonora-Nogales, el Baja-Tijuana o el Nuevo Laredo, los carteles de droga han volteado de manera más agresiva hacia Estados Unidos en busca de abastecerse de armas de alto poder.
Armas decomisadas en 2007 en Estados Unidos y, de manera particular, en los estados identificados como principales abastecedores de armas para los cárteles mexicanos:
Arizona: 10 mil 673.
California: 27 mil 672.
Texas: 14 mil 111.
Florida: 17 mil.
Washington: 3 mil 553.
