Evalúan pena de muerte propuesta por Moreira

Coinciden empresarios y políticos de Coahuila que es un tema que requiere de un serio análisis, más allá de declaraciones en el momento.

Tanto la Iniciativa Privada como diputados locales de Coahuila y funcionarios coinciden en que la pena de muerte a secuestradores que maten a sus víctimas es un tema que requiere de un serio análisis, más allá de declaraciones en el momento.

Como se informó, para frenar a la delincuencia que secuestra y asesina víctimas inocentes el gobernador, Humberto Moreira Valdés, se pronunció por instaurar la pena de muerte. Dijo que los daños que causan los plagiarios al raptado, a su familia y a la sociedad son irreversibles, por lo que señaló que la gente debe decidir, mediante plebiscito, “si se les ahorca, se les cuelga de un árbol, se les fusila, se les sienta en la silla eléctrica o se les aplica una inyección letal”.

Félix Pérez Murillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) e integrante del Grupo Empresarial de la Laguna (GEL), señaló que el sentir de la población es que se aplique la pena máxima a estos delincuentes, sin embargo, Édgar Ríos Zapata, presidente de la Asociación de Medianas y Pequeñas Empresas de la Comarca (AMPEC), consideró necesario establecer ciertos “candados” antes, ya que expuso que se debe corregir antes el sistema policial de la entidad.

En esto coinciden los diputados locales Demetrio Zúñiga, del PRI, y José Antonio Jacinto, del PAN, pues consideran que de aprobar algo así en las condiciones actuales del sistema de justicia, se corre el riesgo de que se cometan errores y paguen las consecuencias personas inocentes.

El senador coahuilense, Guillermo Anaya, coincide en que se necesita aplicar medidas radicales contra los secuestradores. Por su parte, el alcalde, José Ángel Pérez, consideró que el ejercicio de una Consulta Ciudadana podría dar las bases para legislar al respecto, ya que indicó que es una medida “muy delicada... extrema y que debe analizarse desde todos los puntos de vista.

“Lo que yo pugnaría en estos momentos es por lograr una Ley en Coahuila que les dé Cadena Perpetua a los policías y a todos los funcionarios públicos que estén vinculados con el narcotráfico, eso nos ayudaría mucho. El secuestro va para un cierto nivel de gente, pero lo otro, es una problemática mayor”, según el alcalde.

PENA DE 60 AÑOS

En Coahuila actualmente sólo existe la pena máxima de 60 años, equivalente a cadena perpetua para los secuestradores, de acuerdo con el Código Penal.

El dirigente de la Canaco dijo que una vez probado el ilícito, la Canaco aprueba esta medida, ya que los secuestros en la región son una cuestión preocupante, aunque aclaró que la problemática ha disminuido a raíz de la presencia de las Fuerzas Armadas en La Laguna.

“En esta Cámara se han registrado diversos casos de ‘levantamientos’ que duran desde cinco horas hasta dos días”, por lo que Pérez Murillo indicó que “los que hemos experimentado esta situación porque conocemos a alguien que estuvo privado de su libertad estamos de acuerdo con que se requiere la peor pena para estos delincuentes”.

Édgar Ríos Zapata dijo que la propuesta se debe pensar con mucho cuidado, pues aunque dijo estar de acuerdo, indicó que existen muchas otras acciones que se deben llevar a cabo primero antes de alcanzar ese extremo, enfocadas a la inhibición de los delitos, como lo es un mayor impulso a la educación y al empleo, así como campañas de fomento a la cultura y al deporte para alejar a los jóvenes de las drogas.

Al respecto, José Ángel Pérez dijo que “nosotros estuvimos en una presentación que nos hizo el secretario de Seguridad Genaro García Luna y nos explicó que es una pirámide. El ratero empieza por robar desde lo pequeño hasta casas-habitación, va creciendo y avanzando hasta que se convierte en un delincuente, un secuestrador, una persona que se dedica al crimen organizado”.

Aseguró que es necesario atacar la raíz y detener a los criminales e implementar acciones en cuestión de leyes para abatirlos desde ahora. Es decir, que los delincuentes no vayan avanzando en sus ilícitos y “esto no lo vamos a lograr excepto con leyes más duras”.

Dijo que los legisladores han sido los grandes ausentes en materia de seguridad pública, por lo que hay que empezar a implementar leyes y acciones para “frenar a estos delincuentes porque es lo que siempre ha habido, falta de leyes apropiadas, impunidad y eso ha permitido que en setenta años nuestro país tenga ahora los delincuentes que tiene.

“Aquí en Coahuila es donde se deben aplicar las medidas severas para los delincuentes, para evitar que reincidan, para evitar que los detenga mi Policía por la comisión de un delito y después el Ministerio Público los suelte por una pequeña fianza para que vuelvan a delinquir”, manifestó.

El edil demandó que la pena máxima se implemente en Coahuila policías delincuentes y relacionados con el hampa organizada, pero también para los servidores públicos implicados.

CIRCUNSTANCIAS

Demetrio Zúñiga, diputado local y presidente del comité municipal del PRI, dijo que estaría de acuerdo con esta iniciativa bajo ciertas circunstancias que implicaran un mayor agravio, por ejemplo, si el criminal está relacionado con los cuerpos policiacos.

“Si una persona pierde la vida a manos de sus secuestradores y se les aprehende, esto supera el homicidio, se tienen que vincular los dos asuntos y la pena debe ser máxima bajo ciertas circunstancias, necesitamos aterrizar la propuesta y analizarla”, comentó.

José Antonio Jacinto, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso Estatal, dijo que antes se tendrían que realizar algunas adecuaciones y mejoras en los procesos de investigación previa, instaurar los juicios orales para que hubiera verdadera transparencia en los juicios penales, de lo contrario, podría acusarse a gente inocente.

Guillermo Anaya coincide en que habría que analizar si el sistema judicial de Coahuila y del país estaría listo para responder a este proceso trascendental.

“Hay voces encontradas a este respecto, en que nuestro sistema judicial no está preparado, pero la realidad es que debemos realizar acciones más duras”, comentó.

Anaya explicó que se ha manejado como propuesta nacional la medida de implementar la pena de muerte para secuestradores, pero hasta ahora el Senado de la República no se ha recibido la petición formal al respecto.

“Ya tocamos fondo en cuanto a los embates del crimen organizado y respaldo las acciones del Gobierno Federal emanadas de la reunión nacional de seguridad que tuvimos y de la que esperamos que en cien días ya empecemos a ver la luz”, dijo.

Guillermo Anaya dice que el ataque del Estado al crimen organizado es frontal “y como lo dice el presidente de la República es una lucha larga, va a costar pérdidas humanas, el presidente está hablando con la verdad a los mexicanos y los está invitando a formar un frente común para respaldarlo porque fueron muchos años en que se permitió el crecimiento del crimen organizado”.

Humberto Moreira aseguró que si la Federación no lo apoya, cuenta ya con los recursos para aplicar la pena de muerte en Coahuila, sin embargo, la iniciativa no dependería del Congreso del Estado sino del Congreso de la Unión, pues implicaría modificar el Artículo 22 constitucional, que expresamente la prohíbe.

POR ESCRITO

Por lo pronto, diputados locales coinciden en que la iniciativa debe ser presentada por escrito y analizada al interior del Congreso, para determinar si es viable aplicar la doble penalidad a los secuestradores asesinos.

José Antonio Jacinto explicó que no sería factible hacer esta modificación en Coahuila sino que tendría que tratarse de una reforma a nivel nacional.

El diputado consideró que las declaraciones del gobernador en este sentido son un asunto político por lo que es necesario analizar si están bien sustentadas, dado que el Artículo 22 constitucional prohíbe la pena de muerte en México y habría entonces que llevar a cabo una reforma constitucional en el Congreso de la Unión.

“La declaración es meramente política, pero la ciudadanía está muy sentida en este tema, los ánimos están muy caldeados por la inseguridad y estamos a un mes y medio de la elección para el Congreso Estatal, fue con la intención de beneficiar electoralmente porque si hubiera sido una propuesta seria lo haría por escrito ante la instancia para ver si se puede aprobar o no”, explicó el panista.

“No se podría cambiar sólo en Coahuila porque faltaríamos al orden constitucional, tendría que ser federal”, indicó.