El creciente fenómeno de la trata de personas en el país requiere de la más enérgica respuesta del Estado mexicano, porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho al libre desarrollo de los individuos, afirmó el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso que la trata implica la inaceptable transformación del ser humano en mercancía, ya que lo reduce a fuente de lucro, se le priva de su libertad, la persona es cosificada por los tratantes sin la menor consideración a sus derechos y a su dignidad.
Al firmar un convenio con el Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas (PROTEJA) explicó que en el acuerdo se establece la obligación de gestionar ante las autoridades que México cumpla su cometido de proteger los derechos de las personas que se encuentren en su territorio.
Aseguró que mediante un trabajo coordinado y la participación de otras instituciones y organizaciones, PROTEJA y el Programa Contra la Trata de Personas de la CNDH promoverán la homogenización del marco jurídico nacional y generarán vías para la sensibilización social respecto de ese flagelo.
Entre otras acciones, se tiene programada producir de manera conjunta un cortometraje sobre el tema en sus diversas modalidades, un disco compacto para alertar a las posibles víctimas, y la coedición del marco jurídico nacional en materia de trata.
Además, la creación de una página de Internet para difundir información nacional e internacional respecto de este fenómeno; diseñar e impartir cursos de capacitación para servidores públicos, integrantes de organizaciones civiles y sociedad en general para la adecuada prevención del delito.
Soberanes Fernández resaltó que muchos migrantes, dentro de las múltiples adversidades que acosan su desplazamiento, corren ahora el riesgo de ser atrapados por los tratantes.
Por ello expresó su preocupación de manera particular por las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres que forman parte del flujo migrante y que son captados, por la fuerza o mediante engaños, para ser explotados sexual o laboralmente.
"El Estado mexicano está obligado a brindarles protección y todas las garantías para la salvaguarda de su integridad, de su dignidad y de su libertad", señaló.
Esa respuesta del Estado, dijo, será más eficaz si se unen esfuerzos y capacidades para prevenir la trata y modificar las condiciones que la hacen propicia, así como para rescatar a las víctimas y reintegrarlas a la sociedad e impedir que más personas caigan en esas redes.
