El ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, está acusado de un presunto desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero. (Archivo)
Confían en que la PGR no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión contra el ex líder minero
Trabajadores mineros de la cooperativa Veta de Plata exigieron a las autoridades federales iniciar “cuanto antes” los trámites para solicitar al gobierno de Canadá la detención y extradición del líder de ese gremio, Napoleón Gómez Urrutia.
Lo anterior, dijeron, para que Gómez Urrutia responda por las acusaciones de presunto desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero.
A través de su representante legal, Agustín Acosta Azcón, el grupo de mineros también manifestó su confianza en que la Procuraduría General de la República (PGR) no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión que lleve a Gómez Urrutia ante a la justicia.
El abogado sostuvo que el dirigente minero desvió a cuentas personales, de su familia y cómplices, los 55 millones de dólares, lo cual originó que jueces de Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal liberaran tres órdenes de aprehensión en su contra.
Se le acusa por los delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa; las órdenes de aprehensión permanecen plenamente vigentes y se suman la de orden de aprehensión federal liberada el jueves.
Por ello, dijo, hay confianza en que no será difícil ejecutar la orden de aprehensión que liberó el jueves la juez Primero de Procesos Penales Federales de Distrito del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco Corona, ya que se sabe que el ex dirigente minero se esconde en Vancouver, Canadá, y que sus otros cómplices, Héctor Félix Estrella, José Ángel Rocha Pérez y Juan Linares Montufar, se deben de encontrar en México, porque no se tiene conocimiento de que hayan huido al extranjero.
Este último, aseguró, despacha en las instalaciones de la sede nacionales del sindicato minero como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, en tanto que otro inculpado, Gregorio Pérez Romo, se encuentra preso en un reclusorio de la Distrito Federal.
Agustín Acosta Azcón señaló que la PGR tiene como mandato de Ley cumplir con la detención de Gómez Urrutia, que además es una exigencia de los trabajadores afectados por la extinción del fideicomiso y desvío de los 55 millones de dólares, lo cual violó flagrantemente la Ley de Instituciones de Crédito, aseguró.
Con esa acción ilegal se configuró un delito financiero de orden federal, considerado grave, por lo cual los acusados no alcanzan el beneficio del derecho a defenderse de las acusaciones en libertad bajo fianza, y estarán expuestos a pagar penas no menores a 10 años de cárcel.
