Una de las primeras peleas del Comité Fronterizo de Obreros fue contra los despidos de mujeres embarazadas y la solicitud de exámenes de ingravidez. (El Universal)
Al norte de Coahuila sigue intacta la explotación de las maquilas con 48 horas de trabajo consecutivas (en algunas ocasiones), los contratos por tres meses para evitar antigüedad, los despidos injustificados y los maltratos.
Sus habitantes dicen que esta es la frontera blanca porque no hay fuego cruzado entre policías y delincuentes, tampoco narcoguerras ni cazamigrantes. Pero hay otra batalla que inició desde hace 45 años y que parece interminable, la que viven 65 mil obreros en contra de la explotación en las maquilas.
A lo largo del conflicto se han registrado avances y retrocesos.
Se han evitado los despidos de mujeres embarazadas y se han construido, dentro de las fábricas, salas de lactancia materna. Sin embargo, la explotación a la que son sometidas, como el permanecer diez horas consecutivas de pie, ha provocado abortos a algunas obreras, por lo menos cuatro en el último año, denunció el Comité Fronterizo de Obreros y una de las afectadas que, por temor, prefiere omitir su nombre.
Todos los trabajadores tienen seguro social y algunos reciben becas escolares para sus hijos, pero el salario promedio es de 600 pesos semanales desde hace por lo menos cinco años.
El Comité Fronterizo de Obreros ha estimado que el costo de la canasta básica para los trabajadores de esta región es de 609 pesos semanales para una familia de cinco miembros, por lo que la ropa, los útiles escolares, el calzado y los utensilios del hogar los tienen que adquirir sólo a través del crédito.
Además, sigue intacta la explotación con 48 horas de trabajo consecutivas (en algunas ocasiones), los contratos por tres meses para evitar antigüedad, los despidos injustificados, las amenazas constantes de cierres o reubicación de maquilas y los maltratos.
Al frente del bando de los obreros está una mujer que se ha convertido en enemiga de empresarios y autoridades locales. Al menos así lo indican las expresiones públicas de alcaldes y las intimidaciones veladas que se han registrado contra ella en los campos industriales.
Julia Quiñónez ha provocado el encono de los responsables de las maquilas en México porque en visitas casa por casa enseña los derechos laborales a los obreros y porque en las reuniones de los consejos directivos de esas empresas en Estados Unidos se ha presentado por sorpresa para denunciar los abusos que se cometen en sus filiales mexicanas.
El Gobierno local la ha acusado de pretender cerrar fuentes de trabajo. Ella se defiende argumentando que la intención es que haya trabajo, pero de calidad y bien pagado y advierte que mientras no sea así seguirá “sacando los trapitos sucios al sol” de las maquiladoras.
Desde 1986, Quiñónez pertenece al Comité Fronterizo de Obreros (CFO), una Organización No Gubernamental constituida legalmente desde hace 20 años y dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de los obreros.
Los ‘trapitos sucios’
Julia Quiñónez trabajó cinco años en la maquila desde los 15 años de edad. Los insultos de sus jefes inmediatos, la excesiva carga de trabajo y el bajo salario la convencieron de abandonar esta industria y dedicarse de lleno a estudiar trabajo social.
Aprovecha su experiencia en esta rama para acercarse a los obreros y orientarlos. Se sabe de memoria la Ley Federal del Trabajo y junto a otras tres promotoras recorre las viviendas de los trabajadores para que informarles cuáles son sus derechos y cómo defenderse.
Los triunfos en esta lucha los ha obtenido porque ha sabido establecer contacto con los consejos directivos de las empresas en Estados Unidos. Gracias al financiamiento que recibe de fundaciones nacionales y extranjeras como Semillas, Quiñónez viaja con regularidad a Estados Unidos para asistir a las reuniones y se acerca a los sindicatos de ese país para informar a los obreros que en México las empresas para las que trabajan cometen varios abusos.
De esa forma, a su bando se han sumado los sindicatos estadounidenses y algunos directivos de empresas como Alcoa, la industria productora de aluminio más grande del mundo y con presencia en 43 países.
En julio de 2007, el alcalde de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez, convocó a una conferencia de prensa en la que acusó al CFO y a Julia Quiñónez de pretender desestabilizar a los trabajadores con la firme intención de colaborar con los sindicatos estadounidenses en su tarea de lograr que las maquilas regresen a Estados Unidos.
Ella aclara que ningún sindicato extranjero tiene alguna intervención directa en la organización ni en los conflictos laborales.
Una de las primeras peleas del CFO fue contra los despidos de mujeres embarazadas y la solicitud de exámenes de ingravidez.
Luego de dos años de estira y afloja, las trabajadoras lograron no sólo que se les respetara su puesto sino que se acondicionaran áreas dentro de las fábricas para extraer la leche materna y convivir con sus hijos entre el horario de salida de las escuelas y el término de la jornada laboral como sucede ahora en las empresas Alcoa y Delphi.
Uno de los casos que actualmente están pendiente por resolverse en la Junta de Conciliación y Arbitraje es el de 300 trabajadoras indígenas a las que se les exigió el uso de zapatos cerrados, pues de lo contrario serían despedidas.
Las obreras argumentaron que usaban zapato abierto porque es una costumbre en sus comunidades indígenas y que si la empresa requería el uso de otro tipo de calzado se les debería proporcionar de manera gratuita.
La fábrica decidió impedir el paso a las obreras que no tenían puestos los zapatos cerrados. Algunas de ellas no regresaron más, pero 256 empleadas demandaron a la empresa.
El testimonio
“María”, una obrera de la empresa Alcoa, se queja por las constantes presiones que tiene que padecer por parte de sus empleadores. “Si hacemos algo mal o rompemos algo nos mandan a Personal, trabajamos con una persona que está siempre detrás de nosotros vigilándonos, hay cámaras por todos lados y nos cambian de áreas sin avisarnos”.
Dice que entre algunos trabajadores hay rumores de que las prestaciones se reducirán y que se les cobrará el costo del pasaje del transporte que los traslada a las zonas donde viven “y hasta hemos pensado en irnos a huelga”.
Asegura que cada vez que hay descontento por parte de los obreros, la empresa amenaza con cerrar sus puertas e irse a otro país como Honduras “porque saben que también ahí van a tener una mano de obra barata”.
“Yo gano el mismo salario desde hace cinco años (830 pesos semanales), al igual que muchos de los compañeros. No hay ninguna motivación ni incentivos para que uno trabaje como debe ser. A veces creo que ellos hacen como que nos pagan y nosotros como que trabajamos y aún así quieren que se saque adelante la producción”.
De acuerdo con la empresa Alcoa, como parte de sus políticas de “valores y principios” no emplea a niños ni apoya el uso del trabajo infantil, prohíbe el trabajo forzado y no tolera la discriminación. Además, “aseguramos que la remuneración iguale o supere los mínimos legales”, se reconoce y respeta la libertad de asociación de los obreros y toma en cuenta “las necesidades, preocupaciones y aspiraciones en las comunidades que operamos”.
Alcoa tiene en el país 25 años de existencia, 25 plantas y 20 empleados a su cargo.
María asegura que ahora que conoce sus derechos se defiende de sus empleadores.“Cuando me quieren cambiar de área yo les digo que no puedo porque estoy capacitada para hacer una cosa y no todas a la vez, estoy al pendiente del pago de mis horas extra y de la prima vacacional. También les exijo que respeten mi descanso y que las horas extra las debo hacer por iniciativa propia y no por imposición”.
La diferencia
Hace cinco años la maquila Dignidad y Justicia abrió sus puertas en Piedras Negras.
Fue la alternativa que generó el Comité Fronterizo de Obreros ante el descontento de los trabajadores con las reglas de la industria manufacturera. Aquí no importa la edad, sólo se toma en cuenta el entusiasmo. Los salarios de 3 mil pesos mensuales superan con mucho las percepciones en el resto de las maquilas.
Es una pequeña empresa, pero no por eso limitada. Justo ahora el diseñador mexicano Juan Pablo López Quintana, elabora una colección de 320 playeras, hechas de algodón orgánico, para exportar a Europa, pero antes de que salga al mercado tiene pedidos en Oriente Medio.
Es además una empresa innovadora, pues forma parte de la política mundial del “comercio justo”.
“Lo que buscamos es que los trabajadores tengan un salario justo porque el obrero es el que menos ganancias recibe de toda la cadena productiva. También se busca que no haya intermediarios para que el comprador obtenga el producto en su precio justo”, explica Juan Pablo.
Alma Leticia tiene 35 años de edad y sabe que si no trabajara en esta maquiladora no tendría otra opción, pues sus años de vida son un impedimento para las grandes industrias.
Trabajó 17 años en maquiladora hasta que puso un alto a los bajos salarios y a las horas extra para poder atender a sus dos hijos.
“Ser obrera —dice Alma— me ha dejado poco, pero no tenía otra opción y les di 17 años de mi vida sin nada a cambio. Ahora aquí me respetan como trabajadora”.
