La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo de solidaridad con la empresa Cementos Mexicanos (Cemex), la cual fue nacionalizada por el gobierno de Venezuela.
La comisión del Senado aprobó "su más firme convicción de proteger los intereses legítimos de los mexicanos donde quiera que se encuentren".
En un comunicado, se informó que durante una reunión de trabajo de la Comisión, que encabeza el senador panista César Leal Angulo, los legisladores plantearon su "profunda preocupación respecto a la posible nacionalización de empresas cementeras en la República Bolivariana de Venezuela, que pueda afectar inversiones y derechos de propiedad de mexicanos en ese país, así como a posibles medidas similares respecto a otras industrias de capital mexicano".
El punto de acuerdo "apoya los esfuerzos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y con pleno respeto a la soberanía venezolana, respalda las acciones desplegadas por la cancillería, con el fin de asegurar que las empresas de capital mexicano en la República Bolivariana de Venezuela sean tratadas con justicia, con estricto apego a las leyes y observando cabalmente sus derechos fundamentales".
Los legisladores determinaron dar seguimiento al caso y que el Senado de la República haga del conocimiento de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela el contenido íntegro de este punto de acuerdo.
El senador Carlos Sotelo García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se pretendiera presentar al gobierno federal como un defensor de un plan de negocios en el exterior.
Según el comunicado, los argumentos del perredista fueron ampliamente debatidos por los senadores Jorge Ocejo y Ramón Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN), y Fernando Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes rechazaron dicho pretensión.
Priístas y panistas expresaron la firme decisión del gobierno mexicano de asumir la defensa de los intereses de las empresas mexicanas que operan fuera de territorio nacional.
El senador Ocejo rechazó que en un punto de acuerdo el Senado de la República pueda o no asegurar que el gobierno de Venezuela esté actuando conforme a derecho en la defensa de sus intereses, "eso no nos toca decirlo a nosotros como aquí se propone".
Para Ocejo, "si las empresas que se establecieron con toda legalidad cuando llegaron a territorio venezolano, pues con toda legalidad deben de salir".
