El anuncio relativo a la expropiación de la industria cementera en la hermana República de Venezuela, además de ser un paso en la escalada del Gobierno de Hugo Chávez hacia el totalitarismo, se explica en virtud de la confrontación internacional que la decisión provoca.
El tema reviste interés específico para la industria nacional, porque una de las compañías afectadas es Cementos Mexicanos, empresa que tiene intereses en diversos países del mundo, entre los que se encuentra ese país de América del Sur.
Para Cementos Mexicanos sus inversiones en Venezuela representan un cuatro por ciento del total de sus intereses totales, por lo que la afectación resulta importante, aunque la anunciada expropiación no implique un golpe determinante a las operaciones de dicha cementera en el mundo.
No obstante que Cementos Mexicanos no es propiedad del Estado mexicano, es una empresa pública en el sentido de que cotiza en bolsa y en la composición de su capital participa un amplio espectro de inversionistas nacionales. A cuenta de esto, el Gobierno de México inició un procedimiento diplomático en defensa de la empresa, a partir de una solicitud de explicaciones sobre el particular.
Otra vertiente de afectación que implica esta intención expropiatoria afecta a la industria cementera francesa, por lo que resulta obligado considerar este evento que resulta desconcertante a la luz de un criterio de mera conveniencia económica, en función de las implicaciones políticas que pudiera tener la expropiación respecto al protagonismo del Gobierno Venezolano en la aventura de su presidente Chávez en el asunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC por sus iniciales.
Por lo anterior, resulta interesante recordar que de meses atrás el Gobierno de Hugo Chávez se ha erigido en “intermediario” oficioso entre las FARC y el Gobierno de Colombia, en relación a la liberación de algunos de los rehenes que mantiene en cautiverio la narcoguerrilla colombiana o más bien internacional ya que ha además de contar con la intermediación de Chávez, ha extendido sus operaciones a otros países.
En los últimos episodios de esta aventura entre Hugo Chávez y las FARC en el escenario mundial, al Gobierno de Francia le ha tocado intervenir a favor de la liberación de Ingrid Betancourt, ex candidata a la Presidencia de Colombia con antecedentes de familia en el país galo, y a México le ha correspondido intervenir en la vía diplomática en el conflicto suscitado con motivo de la incursión del Ejército colombiano en Ecuador, en la que resultaron aprehendidos o muertos, diversos ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
Ninguno de las dos intervenciones de Francia y México han resultado en agrado de Hugo Chávez ni de las FARC, en el primer caso porque el Gobierno francés ha mantenido una consideración de las FARC como grupo terrorista y se ha negado a reconocerlas como fuerza insurgente beligerante frente al Gobierno legítimo de Colombia. En el segundo de los casos, si bien el Gobierno de México ha brindado asistencia jurídica y humanitaria a los mexicanos (y sus familias) afectados en el ataque del Ejército colombiano a las FARC en suelo ecuatoriano, en ningún momento se ha prestado a engordar el caldo político a favor de la narcoguerrilla ni del intermediario intruso y por el contrario, lo ocurrido ha dado lugar a descubrir la existencia de células de las FARC en México, enquistadas en santuarios socialistas adornados con ribetes académicos.
Dada la siniestra visión del universo y de la política que ha mostrado Hugo Chávez en su trayectoria, la expropiación de la industria cementera venezolana soportada en capital mexicano y francés, obliga a sospechar sobre la existencia de motivos inconfesables de carácter netamente político, que el tiempo se encargará de evidenciar a plenitud.
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