“Castigo: la justicia que los culpables les aplican a quienes son detenidos”.
Elbert Hubbard
Cuando la autoridad falla en su deber fundamental de proteger a los ciudadanos de la delincuencia y de la violencia, es demasiado fácil caer en la tentación de inventar culpables. Esto es lo que parece estar ocurriendo con algunas de las medidas que el Gobierno Federal mexicano y algunas administraciones locales están tomando.
Un caso que preocupa en particular es el de la llamada “extinción de dominio”. Con este nombre se conoce una práctica con la cual se despoja a una persona o familia de su patrimonio por considerársele responsable de la comisión de algún delito. Lo que se pretende con esta figura es castigar a los criminales en donde realmente les duele, esto es, en el dinero.
El que se castigue a un delincuente con una pena pecuniaria, que incluso llegue a la pérdida total de su patrimonio, no es ninguna novedad. Nadie llorará por la suerte de un secuestrador cuyas propiedades son incautadas por el Gobierno, especialmente cuando los recursos se utilizan para resarcir a las víctimas.
El problema surge cuando la extinción de dominio se utiliza simplemente como un instrumento para despojar de sus bienes a ciudadanos a los que no se ha comprobado ningún acto criminal. No seamos tan ingenuos de pensar que eso no ocurre ni puede suceder en nuestro país.
En su afán por conseguir que se establezca esta arma para castigar a discreción a quienes se desee han quedado hermanados, a pesar de sus supuestas diferencias políticas, tanto el Gobierno del presidente Felipe Calderón como el capitalino de Marcelo Ebrard. Los dos están proponiendo reformas a la Ley para crear en nuestro país de manera formal la extinción de dominio. Y ambos han tomado medidas con las que, para términos prácticos, se ha castigado a supuestos delincuentes despojándolos de sus bienes antes de ser juzgados y encontrados culpables.
Los casos más notables los ha protagonizado Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Recordemos cómo ha expropiado una serie de inmuebles supuestamente porque sus dueños han estado vinculados a determinados crímenes, como el narcomenudeo o la venta de autopartes robadas. El Gobierno capitalino, sin embargo, no se ha preocupado por esperar que los supuestos responsables de estos crímenes sean juzgados y encontrados culpables por los delitos que se les imputan. Ha preferido castigar primero con estas expropiaciones y averiguar después si los acusados son realmente responsables de lo que se les imputa.
Si esta práctica resulta aberrante, mucho más lo ha sido la de castigar, también con la expropiación de sus bienes, a personas y familias a las que ni siquiera se les ha acusado de algún ilícito. En un momento de fuerte presión política como consecuencia de la muerte de 12 personas -nueve jóvenes y tres policías- en la discoteca New’s Divine de la colonia Nueva Atzacoalco de la delegación Gustavo A. Madero, Ebrard tomó la decisión de expropiar el inmueble, a pesar de que los dueños simplemente estaban alquilando el local a los operadores de ese centro de diversión. Algunos de los casos de expropiación en el barrio de Tepito han afectado también a personas y familias cuyo único delito era alquilar un inmueble a alguna otra persona.
La respuesta de Ebrard ante las protestas por la injusticia de esta situación ha sido que los arrendadores deben hacerse responsables de lo que hagan sus inquilinos. De hecho, en sus iniciativas de reformas legales Ebrard ha propuesto que se establezca de manera formal la responsabilidad de quienes alquilan un inmueble sobre los delitos que pudieran cometerse en él. Los arrendadores deberían en todo caso justificar ante un juez el que no hayan tenido conocimiento de los delitos que pudieran haberse realizado en su predio. La propuesta no sólo es absurda, ya que castiga no a quienes cometen delitos sino a quienes simplemente realizaron una operación legítima de arrendamiento, sino que traslada la carga de la prueba de la autoridad acusadora al ciudadano inocente, lo cual es una violación a uno de los principios legales más elementales.
Coincido con el jefe de Gobierno del Distrito Federal y con el presidente Calderón en la necesidad de atacar a los criminales por el bolsillo. Estoy de acuerdo también, por supuesto, en que los castigos no sean simplemente de reclusión sino pecuniarios, y considero muy importante que con esos recursos se busque restituir el daño causado por los criminales a las víctimas. Puede aceptarse para ello, sin duda, una figura de extinción de dominio.
Pero cuidado: la sociedad no puede aceptar que se siga castigando a inocentes para compensar la falta de capacidad de las autoridades para encontrar y sancionar a los responsables de los delitos. Y una persona que no ha sido juzgada y condenada debe ser considerada inocente.
FALTA DE CREDIBILIDAD
Por lo pronto los mercados no les creyeron a las autoridades financieras de Estados Unidos que la semana pasada presentaron su plan de rescatar las hipotecas morosas del país con un gasto de 700 mil millones de dólares. El desplome que ayer sufrieron las bolsas de valores del mundo, y la vertiginosa alza de las cotizaciones del petróleo, nos demuestra que los inversionistas no tienen ninguna confianza en el Fobaproa estadounidense. Lo peor de todo es que sin esa confianza ningún plan de rescate podrá funcionar.
