En Tijuana está debutando como secretario municipal de seguridad pública el abogado Alberto Capella, que el 27 de noviembre, unas semanas antes de asumir su actual cargo, fue blanco de un ataque a tiros de los que escapó por azar o por milagro. En el otro extremo de la frontera norte, en Nuevo Laredo este martes fue designado director municipal de protección ciudadana (puesto equivalente al de Capella) el agente de la policía ministerial del estado de Tamaulipas, Alfonso Olvera Ledezma, que sólo doce días atrás fue hallado en amable convivio con presuntos narcotraficantes, dos de los cuales fueron consignados por posesión de estupefacientes.
En sus diferencias y semejanzas, el nombramiento de los nuevos responsables municipales de la Policía en esas dos turbulentas ciudades ilustra el interés de la delincuencia organizada por controlar o mantener a raya a la autoridad responsable de garantizar la seguridad pública local. En ambos casos se han hallado evidencias de profunda corrupción en los cuerpos policiacos, que han conducido a la detención de grupos numerosos de sus integrantes. Mientras en el trienio que terminó en diciembre fue alcalde de Tijuana Jorge Hank Rohn (que pidió licencia a medio año pasado para ser candidato a gobernador) creció la certidumbre de que la Policía Municipal estaba minada por la corrupción y aun la práctica directa de otros graves delitos. Ésa fue la causa, entre otras, del triunfo del candidato panista Jorge Ramos, que antes de asumir la alcaldía anunció el nombramiento de Capella, quien se había distinguido por su lucha a través del Consejo ciudadano por la seguridad pública. Para evitar que la designación se consumara, o al menos para hacerle saber a qué intereses y poderes se enfrentaría, el domicilio de Capella fue asaltado por esbirros que lanzaron andanadas de fuego contra el dirigente cívico. A pesar que cerca del lugar funciona un cuartel policiaco, los agentes llamados con urgencia por quien es ahora su jefe demoraron mucho tiempo en acudir en su auxilio.
En Tamaulipas las elecciones de noviembre pasado instalaron o mantuvieron una mayoría de ayuntamientos encabezados por priistas, en una maniobra que un sector de Acción Nacional no vacila en llamar “delincuencia política organizada” a cuyo frente sitúa al gobernador Eugenio Hernández. Ése fue el caso de Nuevo Laredo, donde la Oposición panista no ha crecido como en otras poblaciones fronterizas de esa entidad y donde por consecuencia el PRI mantiene su dominio, ejercido por un bien identificado grupo interno. Quien lo encabeza, el diputado federal Horacio Garza Garza, que fue presidente municipal dos veces, antes de ocupar su curul en la LX Legislatura, fue atacado a balazos en febrero del año pasado en un episodio del que él pudo salvarse, pero no contó con la misma suerte su chofer, Héctor Morales Juárez, ex agente de la Policía Municipal que murió en el atentado. Otro antiguo servidor del diputado fue también muerto hace meses. Las dos víctimas habían trabajado juntos en la base cuatro de la Policía neolaredense, que sufrió muchas bajas en los años de 2005 y 2006, en que la violencia se cebó sobre aquella ciudad.
Un miembro dilecto del grupo de Garza Garza es ahora el alcalde en Nuevo Laredo. Ramón Garza Barrios fue director de Tránsito en 1993, en el primer Gobierno Municipal encabezado por el ahora diputado federal, quien a su retorno a la alcaldía en 1999 lo nombró secretario técnico del Ayuntamiento, dotado de amplias funciones. En 2003 Garza Barrios fue elegido diputado local y hasta antes de pedir licencia para su campaña municipal presidía la Junta de coordinación política de la legislatura local.
Al tomar posesión, Garza Barrios designó director de la policía a Olvera Ledezma, que hace diez años trabaja para la Procuraduría tamaulipeca y en su condición de agente de la policía ministerial ha sido destinado a ciudades fronterizas como Miguel Alemán y Matamoros, y Nuevo Laredo a últimas fechas. El 19 de diciembre formaba parte de una tertulia que departía en un restaurante de esa última ciudad. No eran parroquianos comunes y corrientes los que la integraban, sino gente armada, lo que provocó un llamado atendido por militares, que se encontraron en ameno coloquio a presuntos narcotraficantes que charlaban amistosamente con José Wenceslao Gaznarez, responsable de la delegación de la procuraduría estatal en Nuevo Laredo, dos de sus jefes de grupo y el ahora jefe de la Policía Municipal.
Conducidos que fueron al cuartel militar, allí deben haber justificado su presencia en tal reunión, pues después de un largo interrogatorio, se les permitió retirarse a continuar sus funciones.
Olvera Ledezma niega haber estado allí, pero un jefe militar lo contradijo, según reportó ayer Reforma. Es ahora responsable de la seguridad en una urbe lastimada con demasiada frecuencia por la violencia delictiva y la impunidad. Apenas a mediados de diciembre fueron asesinados dos miembros del Ejército que habían participado en la intercepción de un cargamento de siete toneladas de droga.
Olvera Ledezma desempeñará la función que en junio de 2005 se había confiado a Alejandro Domínguez Coello, asesinado apenas horas después de su nombramiento. En esa misma ciudad, en febrero siguiente, el diario El Mañana fue víctima de un violento e insolente ataque armado en que resultó gravemente herido su reportero Jaime Orozco Tuy. Por eso la delincuencia considera estratégico asegurarse impunidad.
