En algunos fraccionamientos de Lerdo que no han sido municipalizados, existe una serie de irregularidades provocadas por las constructoras incumplidas, como la acumulación de la basura.
Regidor asegura que se trata de un ‘mega fraude’, debido al engaño y la gran catindad de anomalías.
Con la denuncia de los habitantes de Quintas San Isidro La Muralla, sobre el fraude cometido por la constructora Casa y Familia de México, queda al descubierto que son más de tres mil familias afectadas por el incumplimiento de las desarrolladoras de vivienda ante el Municipio y en todos los fraccionamientos con esa problemática está involucrada la constructora Gyasa (Graciano y Asociados), que hasta el momento no ha cumplido, asegura el director de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Martínez García.
Como se informó en este medio, profesores que compraron con créditos del Fovissste viviendas a Casa y Familia de México La Muralla, denunciaron que les prometieron barda perimetral, recolección de la basura, pavimentación, área verde, alumbrado y caseta de vigilancia, pero incumplió con todo, además que ya hasta la oficina desapareció.
Al inicio de la presente Administración Municipal, las autoridades municipales descubrieron que había 22 fraccionamientos cuyas constructoras no los habían entregado al Municipio, por lo cual no se les ofrecían los servicios urbanos como recolección de la basura y alumbrado, entre otros.
De los 22 fraccionamientos, siete fueron construidos por Gyasa, entre los que figuran Quintas Lerdo y Quintas San Isidro, cuyos habitantes comenzaron a quejarse contra el Municipio, pero la mayoría no sabía que la constructora no municipalizó los fraccionamientos para evadir el pago del impuesto.
Las protestas fueron en aumento y ante el incumplimiento por parte de Gyasa y otras constructoras, el Ayuntamiento ordenó prestar el servicio de basura para no crear un problema mayor, pero esta situación todavía persiste en Quintas San Isidro La Muralla.
El regidor e integrante de la comisión de Obras Públicas, Héctor Escamilla Ávila, califica esta situación como un “mega fraude” por parte de Gyasa, ante la infinidad de irregularidades y el engaño a los compradores de vivienda.
“Sabemos incluso que las escrituras de las viviendas no han sido inscritas ante el Registro Público de la Propiedad porque Gyasa les debe a los notarios, que no pueden hacer el trámite ante el Registro porque necesitan el dinero”, dice el regidor.
Por su parte, el director de Obras Públicas y Urbanismo, explica que el seis de mayo de 2003, el Municipio le autoriza a Gyasa la licencia de fraccionamiento y uso de suelo para 500 viviendas en Quintas San Isidro y al día siguiente, el siete de mayo de 2003, se constituye Casa y Familia de México, S. A. de C. V.
El 18 de agosto de 2004, se recibe ante la Notaría Pública número 12, un contrato de compraventa de una porción de terreno, donde Daniel Graciano Cuevas –dueño de Gyasa-, le vende a Jorge Omar Valdez Soto –representante de Casa y Familia de México- una porción del terreno, donde esta última construye las casas que vende a los profesores en Quintas San Isidro La Muralla.
“La compraventa fue un contrato entre particulares y para nosotros como Municipio, el responsable es Gyasa porque Gyasa hizo los trámites, como el cambio de uso de suelo, licencias de fraccionamiento y la de construcción”, explica el director de Obras Públicas y Urbanismos.
Añade que ahora son más cuidadosos en la autorización de las licencias a las desarrolladoras de viviendas, se investiga que tengan seriedad, además de exigir una fianza que cubra los vicios ocultos con vigencia por dos años.
Respecto a las otras constructoras pendientes de municipalizar los fraccionamientos, Martínez García dice que ya la gran mayoría está cumpliendo. “Tenemos un 95 por ciento ya arreglado, pero Gyasa sigue renuente a cumplir y eso representa un serio problema para nosotros, pero también para los compradores que no recibieron lo que les ofrecieron al comprar sus viviendas”.
Mientras tanto, en el fraccionamiento Quintas San Isidro la Muralla, la basura se sigue acumulando a un costado de ese asentamiento humano, donde la constructora les prometió cerradas delimitadas con bardas y hasta casetas de vigilancia.
Acuerdo intermunicipal
Ante la problemática existente en las tres ciudades conurbadas (Lerdo, Gómez Palacio y Torreón), provocadas por algunas constructoras que no entregan al Municipio los fraccionamientos una vez terminados, las tres Direcciones de Desarrollo Urbano analizan la unificación de criterios para restringir las licencias a las constructoras pendientes en ese requisito.
Manuel Martínez García, director de Obras Públicas y Urbanismo de Lerdo, informa que el acuerdo está en proceso todavía, pues se analiza lo referente a la autonomía de los municipios para no incurrir en errores o irregularidades.
Considera importante el acuerdo que permitirá incluso cruzar información para impedir los problemas que dejan las constructoras.
