Para quienes hemos sido profesores durante años, siempre resulta grato volver a la academia. Las aulas universitarias tienen un notorio sabor a juventud y aprendizaje.
Aunque sean temas ya conocidos, invariablemente les encuentra uno nuevos enfoques y distintas variantes que generan reflexión y análisis.
Así me resultó al volver a estudiar algunos temas de derecho constitucional.
Específicamente cuando abordé el estudio del derecho a la revolución. Pero no tanto por que este derecho pueda ser consagrado por el orden jurídico, pues hacerlo equivale a la negación misma de ese orden.
Más bien, el enfoque que cobra actualidad, es la obligación del Estado de dar respuestas satisfactorias a las necesidades sociales, lo cual no sucede en estos momentos.
Cualquier encuesta sobre la problemática comunitaria, revelará que el tema que más preocupa al ciudadano, es hoy más que nunca la inseguridad pública.
Está claro que el Gobierno (en cualesquiera de sus instancias), está resultando incapaz de devolverle a la ciudadanía la tranquilidad y la confianza que existía hace apenas unos cuantos años.
La delincuencia organizada va ganando la batalla y cada día se antoja más difícil que el pueblo recupere su antiguo estatus.
Es cierto que son muchos los factores que se conjugan, desde las limitaciones que la ley le impone a las autoridades, hasta el mayor equipamiento de las bandas de delincuentes y las instancias protectoras de los derechos humanos, que hoy más que nunca se evidencian como protectores de los delincuentes, y no de las víctimas.
Cada vez son más las voces que claman por la venganza en propia mano y cero derechos a los delincuentes. Las que claman por la aplicación de la pena de muerte o la “ley fuga”, aunque los más moderados se inclinan por la cadena perpetua.
Todas esas voces son indicativas de la desesperación social, la cual comienza por evidenciarse al través de las protestas públicas (las marchas por la paz) y las exigencias de respuestas más efectivas de parte de la autoridad gubernamental.
El caso del joven Martí, fue la gota que derramó el vaso, porque la saña y la crueldad de los delincuentes no tuvieron límites. Pero, como se ha afirmado, existen muchos casos más tan lamentables y dramáticos como el citado, como también existen cientos de policías muertos en combates contra los delincuentes.
Sin embargo, también lastima y ofende profundamente el descubrir y comprobar que hay elementos policiacos que actúan del lado de la delincuencia. La sociedad los preparó para defenderla y usan esos conocimientos para ofenderla.
Lo preocupante es que las voces que hoy llaman a una rebelión pacífica, mañana pueden ser las mismas que inciten a una rebelión armada. ¿Tendrán razones para ello? Desde luego que sí, porque cuando el Gobierno no es capaz de dar respuestas el pueblo, tiene que allegárselas por sí mismo.
No hay una razón jurídica que pueda fundamentar ese derecho, pero la hay de índole moral.
En la doctrina del derecho se explican estos casos con la siguiente frase:
“Condenados ante el foro del derecho, apelan al tribunal de la historia”.
No hay justificación para quien busca la ruptura del orden jurídico. Pero cuando ese orden no es eficaz para poner orden o el Gobierno es incapaz de dar respuestas efectivas a la problemática social, existe la justificación moral para atentar contra ese orden.
Todas las revoluciones del mundo, han buscado esa justificación moral para romper con el orden establecido.
Y todas las revoluciones triunfantes lo han encontrado a la larga.
Por eso ante las imputaciones que se le hacían a Fidel Castro, él respondía: “La historia me absolverá”. Quién sabe si esa historia lo llegare a condenar por otras cuestiones, pero no por haber hecho la revolución cubana.
Idénticas apuestas hicieron Madero y Carranza, aunque por otras razones, pero entre ellas, la ausencia de respuestas a las demandas sociales.
Ojalá y no tengamos que llegar a ese extremo o a la justicia en propia mano.
Por lo demás: “Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te guarde en la palma de Su mano”.
