La consulta realizada por el Gobierno perredista del Distrito Federal el domingo pasado, ha sido objeto de análisis desde distintos puntos de vista entre los que destaca la conjetura matemática, que lleva a la conclusión de que el resultado obtenido no representa el parecer de los habitantes de la Ciudad de México y mucho menos del país en su conjunto.
La concurrencia de ochocientos veintiséis mil ciudadanos que corresponde al doce por ciento del padrón electoral de esa entidad federativa, no ofrece desde el punto de vista estadístico una muestra suficiente para determinar cuál es la voluntad de la comunidad auscultada en el tema de la reforma petrolera. De hecho la abstención del ochenta y ocho por ciento, ofrece la medida de la desconfianza que alienta la ciudadanía respecto al proceso y sus organizadores.
Lo anterior con mayor razón porque lejos de ser en el caso una consulta ciudadana, se trata de un evento organizado y dirigido desde la cúpula del poder es decir, un procedimiento de Estado animado además por un prejuicio ideológico y político definido y totalmente previsible, vinculado al PRD como partido en el poder. A esto se debe que el cuestionario indujera a un No rotundo a toda iniciativa de reforma.
Por otra parte y en virtud de la carga político-partidista que animó la consulta, resulta obligado cuestionar autoridad moral a los perredistas para instrumentar mecanismo alguno de participación ciudadana, después del desastre en que culminó el proceso interno para elegir autoridades de ese partido, anulado en fecha reciente.
Es mucho lo que se ha escrito sobre el particular, sin embargo, el tema resulta poco explorado en relación a dos cuestiones fundamentales: la legalidad y la verdad.
El ejercicio revela la tendencia al totalitarismo radical no sólo de López Obrador sino del perredismo en general incluido al jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.
La diferencia entre el gobernante y el ciudadano frente al orden jurídico, es que la posición del ciudadano se regula en virtud del principio de libertad según el cual, el ciudadano puede hacer libremente todo lo que no le esté expresamente ordenado o prohibido. La autoridad en cambio sólo puede realizar los actos para los cuales se encuentre autorizada en forma expresa por la Ley, lo cual corresponde al principio de legalidad.
Así las cosas, la consulta cuyo comentario nos ocupa es un acto que fue realizado por el Gobierno perredista de la Ciudad de México, sin que en el sistema jurídico del Distrito Federal esté prevista ni reglamentada dicha figura. Como consecuencia, la intervención del Instituto Electoral y la utilización de los recursos públicos humanos y económicos empleados en el proceso, son fruto de una decisión política autoritaria y caprichosa, que carece de toda base o previsión legal.
No obstante las graves carencias de fondo aritmético y forma legal de las que la consulta adolece, su resultado es presentado por Ebrard como el dogma que deberá regir la vida pública nacional más allá de las fronteras del la ínsula que a capricho desgobierna, basado en un estilo clientelar y de movilización desde la estructura burocrática perredista, que tiene secuestrada a la ciudadanía del Distrito Federal.
El dogma estatista ancestral que sobre el tema del petróleo emerge de la consulta corregido y aumentado, revela el desprecio por la verdad que es propio de los estados totalitarios, que se caracterizan por el sistemático esfuerzo que realizan por destruir en la persona humana el sentido de la verdad, con lo que se aniquila el núcleo racional del hombre-individuo que bajo tales circunstancias, queda a merced del poder estatal.
No alude lo anterior a que el hombre mienta alguna vez o que lo haga con frecuencia mientras distinga la verdad del error o la mentira. Se refiere a la pérdida de la noción de verdad como valor guía de la conducta, para quedar supeditados, la persona, la verdad y la conducta, a los intereses del poder.
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