El juzgado federal estableció el próximo lunes 14 como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, de la demanda promovida por el regidor panista, Héctor Escamilla, contra el presidente municipal, Carlos Aguilera Andrade, por el presunto dolo y exceso de funciones en que éste incurrió en la renovación de las jefaturas de cuartel en 48 comunidades rurales del municipio.
El décimo quinto regidor del Ayuntamiento, Jaime Luna Puente, informó ayer que de acuerdo con la lista de acuerdos publicada en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se tiene una fecha señalada para la diligencia, por lo que sólo se está a la espera de recibir la notificación de ese acuerdo.
Refirió que con ello, se reafirma la expectativa de lograr la anulación del proceso que se llevó a cabo a principios del pasado mes de marzo, en el que se renovaron las jefaturas de cuartel en 48 comunidades rurales de Lerdo y que según la fracción panista, estuvo plagado de irregularidades.
Según la denuncia que en su momento hicieron los regidores de oposición, Aguilera Andrade se excedió en sus funciones al designar a los nuevos jefes de cuartel, sin haber tomado en cuenta a la comisión de Gobernación ni al resto de los miembros del Ayuntamiento.
Esto, con base en que las 48 convocatorias para renovar a las autoridades auxiliares se dieron a conocer un día antes del proceso, además de que fueron emitidas con fecha del 28 de febrero, es decir, unos días antes de la renovación, cuya situación fue considerada además como dolosa para dejar sin oportunidad de registrarse a los habitantes de dichos poblados que aspiraban a ocupar los cargos señalados.
Las convocatorias no fueron dadas a conocer ni se pidió la aprobación del Cabildo, el que a través de la comisión de Gobernación debió realizar un análisis del procedimiento previo a la elección, de acuerdo con lo que establece el propio reglamento interno del Municipio.
Basándose en todas estas irregularidades, el regidor Escamilla promovió el pasado 13 de marzo la demanda administrativa de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Torreón, apoyado por el resto de los regidores que integran la fracción panista en el Ayuntamiento.
Luna Puente manifestó que “daban por hecho de que la demanda no iba a prosperar, pero la fecha para la audiencia creo que sí se puede llegar a una resolución a favor de lo que nosotros pedimos”, que es dejar sin efecto el hecho reclamado y la anulación del proceso de renovación de las jefaturas de cuartel.
Previo a la audiencia constitucional, la autoridad acusada tendrá que ofrecer todos los argumentos del acto que se está reclamando, mediante el informe justificado, para que el juzgador esté en condiciones de analizar cada una de las pruebas y emitir su resolución.
