El término de “filibusterismo” se conoce en la vida de los congresos y parlamentos. Es la táctica de inventar estrategias dilatorias para evitar que un asunto sea decidido. Hay diferentes formas de ejecutarlo, sea secuestrando la tribuna con discursos monstruosamente prolongados, como el de aquel diputado norteamericano que habló sin parar 25 horas 23 minutos, sea introduciendo innumerables adiciones o alteraciones a los proyectos bajo examen del plenario, sea con subterfugios reglamentarios para suspender o aplazar indefinidamente el acuerdo no deseado. También se puede entorpecer o intentar interceptar el proceso legislativo tachándolo de ilegítimo.
En estos días, tras las violentas tomas de tribunas que AMLO le recetó a la nación hace dos meses en el Congreso, vemos un nuevo intento de emplear el filibusterismo, esta vez proponiendo organizar una consulta popular sobre la reforma energética con el mal disfrazado propósito de impedir que jamás se llegue a una solución.
El que Marcelo Ebrard haya sido el que lanzase la idea no fue necesariamente del gusto de López Obrador ya que se le adelantó.
Se arguye el que el Artículo 26 constitucional prevé la realización de consultas populares dentro del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. A mayor abundamiento, se cita como antecedente el plebiscito que en 1993 se realizó en el Distrito Federal para preguntar a la ciudadanía si quería que el jefe de Gobierno de la ciudad capital fuese electo directamente. La consulta sobre la suerte de Pemex la suponen igualmente válida.
Ninguno de estos dos hechos sirve los propósitos para fundamentar la consulta que quieren realizar los del PRD. El Artículo 26 constitucional es claro al encuadrar la “consulta popular” como un instrumento de participación ciudadana democrática para recabar las aspiraciones y demandas de los sectores de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de este estricto marco “…la Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática…”.
Nada hay aquí aplicable, ni por lata analogía, a la iniciativa de un Gobierno local, en este caso el del Distrito Federal, de una consulta popular sobre el tema específico de la reforma energética o de Pemex, ni sobre el supuesto empeño privatizador que se le atribuye al Gobierno de Calderón.
El plebiscito que realizamos en 1993, a iniciativa de asambleístas de los tres principales partidos políticos para auscultar la opinión ciudadana del Distrito Federal, fue organizada por un grupo ciudadano plural, costeada con aportaciones particulares y nunca patrocinada por las autoridades. A éstas sólo se les pidió que no impidieran el evento. En cambio ahora la consulta del PRD ha obtenido indebidamente el apoyo del IFE local.
Es evidente que la consulta que Ebrard se propone realizar el 27 de julio, no será vinculante, no obligará a ninguna autoridad, ni mucho menos al Congreso, que encarna la soberanía nacional.
A esta luz no hay más peligro que la desorientación a que se induzca al ciudadano haciéndole planteamientos intencionalmente orientados para obtener las respuestas buscadas.
Las decisiones sobre la reforma energética y la reestructuración de Pemex competen constitucionalmente al Congreso de la Unión que está integrado por representantes populares libremente electos. El debate sobre las iniciativas que se presenten tanto del Ejecutivo, como de los partidos que lo deseen, debe realizarse sin dilación una vez concluidas las setenta y tantas sesiones convocadas por el Senado. El indispensable debate que compete en exclusividad al Legislativo, será el que produzca las reformas que el país urgentemente requiere.
La maniobra del hasta ahora irreductible líder del PRD no tiene otra finalidad que prolongar el debate interminablemente en un filibusterismo que frustre todo acuerdo. Su tiempo lo mide AMLO a la conveniencia de su propio calendario político que ciertamente no es el de México.
Por ello, los líderes del Congreso deben ser absolutamente contundentes en anunciar que independientemente de cualquier consulta popular que llegara a realizarse en las localidades que quieran atender a la invitación de Ebrard, la definición y decisión de la reforma energética será resultado del debate legislativo, mismo que no puede esperar más y que buen cuidado tendrá de tomar en cuenta todas las opiniones, informaciones y aspiraciones de los sectores nacionales.
El filibusterismo no tiene cabida en México cuando los intereses del país no pueden perder más tiempo.
Coyoacán, Junio de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
