El mandatario mexicano subrayó que la seguridad es una responsabilidad de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno y un esfuerzo que requiere la colaboración de la ciudadanía.
El presidente Felipe Calderón firmó el Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y señaló que la lucha contra la delincuencia organizada es de todos los niveles de gobierno y de la sociedad, pues lo que está en juego no es la integridad de los gobernantes sino de los gobernados.
El mandatario expresó que "es una preocupación que se comparte entre poderes públicos y entre sociedad y gobierno, porque no es la lucha caprichosa por una conquista de un territorio extranjero sino una responsabilidad colectiva de la defensa de nuestro propio pueblo en nuestro propio territorio".
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que no habrá seguridad garantizada mientras se asuma que la lucha por la seguridad pública es tarea sólo de un orden de gobierno, sea federal o cualquier otro.
Acompañado por los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Seguridad Pública, Genaro García Luna; el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el mandatario celebró el decreto de esta reforma.
Tras destacar los beneficios para los ciudadanos y en particular para las víctimas, el presidente informó que la iniciativa establece constitucionalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que los órdenes de gobierno "debemos homologar reglas para seleccionar, capacitar, garantizar la permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías del país".
Además se establecen medios alternativos de solución de controversias, a fin de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, lo cual permitirá que asuntos meramente civiles o comerciales se descriminalicen y que pueda haber un espacio para el entendimiento y la razón.
Calderón Hinojosa explicó que para que la reforma rinda los frutos esperados se requiere una cuidadosa y meticulosa implementación en el territorio nacional.
La implementación exitosa de esta reforma, afirmó, requiere del compromiso y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, porque sólo trabajando con unidad se puede fortalecer al Estado frente a la delincuencia y al crimen.
"Tenemos que reorganizar la manera en que la justicia se procura y se administra, porque habremos de elevar las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos, a fin de que puedan sustentar en el nuevo marco procesal sus acusaciones en nombre de la sociedad".
Ahora es fundamental actuar de inmediato en la modernización de las instituciones integrantes del sistema de seguridad y justicia penal, para dar cumplimiento puntual a los mandatos contenidos en esta reforma, precisó.
En tanto, los congresos estatales tienen el reto de adoptar en la legislación local los mandatos consagrados en la Constitución, y los poderes judiciales también deberán realizar las adecuaciones necesarias para adoptar el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio.
Asimismo "los poderes Ejecutivo, federal y locales, tenemos que actuar de inmediato para la indispensable reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Aunado a ello, apuntó el mandatario, deben cerrarse espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito, empleando para ello todos los recursos al alcance.
"Es indispensable que las autoridades redoblemos esfuerzos y no declinemos en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que sigamos luchando de manera firme y decidida para que los mexicanos vivan sin temor a ser violentados por el crimen".
Tras advertir que su gobierno seguirá firme en esa lucha porque lo que está en juego es el bien de la nación y la tranquilidad de los ciudadanos, agregó que esta reforma es un paso para ello y aprovechó para reconocer el trabajo de los legisladores y especialistas que aprobaron la iniciativa.
Se trata quizá de la reforma más relevante realizada en el sistema penal que hayan tenido los mexicanos en mucho tiempo, tal vez sólo comparable con la transición del sistema puramente inquisitorial que rigió hasta principios del siglo pasado al sistema mixto que operaba hasta ahora.
Entre los beneficios de la reforma está que México podrá adoptar un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados; también se otorgan facultades de investigación a los policías para la formación de inteligencia.
Además los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección a sus derechos, tanto del inculpado como de las víctimas, quizá el sujeto más olvidado en esta relación.
