CUESTIONAN A SUBSECRETARIA DE SEGOB
Irritación y desconfianza –por decir lo menos– es lo que ha provocado en diferentes sectores la designación de Ana Teresa Aranda Orozco como subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación. Y es que su filiación con la ultraderecha es de todos conocida; el periodista Álvaro Delgado la señala como “uno de los muchos militantes de El Yunque…”.
Carente de una formación profesional, la nueva subsecretaria de Asuntos Religiosos responde, de manera inercial, a los intereses de la jerarquía católica, constituyéndose a través de esta designación como una gestora privilegiada que tratará de imponer en nuestro país la agenda político-religiosa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Desde esta perspectiva, Aranda es la persona menos indicada para ocupar un cargo que involucra decisiones sobre la política religiosa y demográfica del Gobierno.
De lo anterior, se deduce que Felipe Calderón paga al Episcopado una factura –que aún permanecía pendiente– por haberlo apoyado a lo largo de su campaña presidencial a través de los cursos de “fe y política” y las homilías orientadoras hacia el voto panista en todas las parroquias del país. En esta lógica, Calderón envía a una persona a modo para que cristalice el proyecto de “libertad religiosa” de la CEM, el cual es el modelo confesional que la jerarquía católica persigue desde hace décadas (educación religiosa en las escuelas públicas, control directo en los medios de comunicación electrónicos, subvenciones al clero, etcétera).
Esta designación es, en suma, la plena declaración de guerra del Gobierno de Calderón contra el Estado laico, las minorías religiosas y los derechos de todas las personas.
Carta resumida
Atentamente,
Laura Campos Jiménez,
Historiadora egresada de la Universidad de Guadalajara.
ARBITRARIO EMPLEADO DEL SIMAS
Mi queja es en contra del SIMAS, Torreón, ya que de manera injusta y arbitraria dos empleados de dicha empresa se presentaron y procedieron a cortar el suministro de agua potable en mi domicilio, sin tener yo ningún adeudo y lo que es más sin llevar una orden por escrito que apoyara lo dicho por los empleados.
Manifestaron que llevaban una orden verbal del señor Guillermo Díaz de León.
Me niego a pensar que el SIMAS se preste a este tipo de corruptelas manejadas por algunos de sus empleados, que se ocultan en el nombre de una institución del Estado y la quieren manejar como propia.
Luis Javier Azpilcueta Aguayo,
Torreón, Coahuila.
