COAHUILA, EDÉN DE LA IMPUNIDAD
Multicitada en sus tiempos con gran derroche de dinero público en todos los medios de comunicación, como la obra magna del Gobierno Estatal de Enrique Martínez y Martínez para la ciudad de Torreón, el malogrado Distribuidor Vial Revolución fue semidemolido el pasado domingo, porque no reunió los requisitos de calidad y seguridad para su uso.
¿Dónde están los autores de esta porquería de obra pública? ¿Por qué Enrique Martínez y Martínez, y el que fuera su secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca Martínez, no han dado explicaciones a la comunidad? ¿Por qué a Cordina, Acolsa y Grupo BM, las incompetentes empresas constructoras de la obra no se les ha fincado responsabilidades? ¿Y por qué el Gobierno de Humberto Moreira Valdés es cómplice callado de esta multimillonaria estafa?
No cabe duda que la clase política que nos rige en Coahuila carece, en su código de Gobierno, de los éticos valores de justicia y honestidad, principios imprescindibles en una población que arrastra agudos problemas sociales.
La Administración de Moreira se jacta y presume que hará otros puentes más que sustituirán al armatoste de concreto mal hecho. ¡Claro! con dinero que pagará la ciudadanía. ¿Dónde quedaron sus promesas de campaña? Sí, aquellos ofrecimientos de combatir la corrupción y castigar a los infractores en el oficio de gobernar.
El DVR fue, indiscutiblemente, un monumento a la ineficacia y a la malversación de fondos públicos sin precedente. Este inmoral tiradero de millones y millones de pesos es una pérfida burla para la ciudadanía de Torreón, la que ha aportado y sigue aportando importantes cifras -vía impuestos- a las finanzas del Gobierno Estatal por años y años, sociedad que ha padecido una discriminación que han demostrado los sucesivos gobernadores -en su mayoría originarios de Saltillo- al preferir la canalización del grueso de la obra pública a la capital del Estado.
El autollamado “Gobierno de la gente” presume de lo que carece, dilapida dinero -sobre todo en la autopromoción de su imagen-, defiende lo indefendible -su oposición a la reforma electoral el año pasado-, ejerce la impunidad al no procesar a los verdaderos culpables que diseñaron mal el DVR (el chivo expiatorio que inventaron sus funcionarios no convenció a nadie) y es proclive a pleitear con el Gobierno Federal -el anterior de Fox y el actual de Calderón- y con el Ayuntamiento panista torreonense.
Fueron más de 300 millones de pesos los que vilmente se manirrotearon en el trocho DVR, en sus posteriores parches y demolición. Este dinero bien empleado, en obra social, representa el costo de varias escuelas, bibliotecas, clínicas de campo, carreteras, redes de agua potable y otros servicios públicos tan necesarios en las zonas de extrema pobreza en Coahuila.
Domingo Deras Torres,
Torreón, Coahuila.