La CNDH tuvo que recurrir a una serie de historietas para advertir a los migrantes de los riesgos que pueden enfrentar a su paso por México. (El Universal)
La despenalización del ingreso de ilegales al país se alistó hace días, pero la falta de interés provocó un reclamo de la ONU.
La toma de la tribuna del Senado y la falta de interés de algunos legisladores mantiene en el olvido el dictamen de una reforma que permitirá despenalizar el ingreso de migrantes sin permiso al país, cuya aprobación estaba prevista en el periodo de sesiones que está por concluir.
La reforma fue avalada desde abril de 2006 por la Cámara de Diputados y desde entonces se turnó al Senado, en donde se ha mantenido en la “congeladora”.
Previo a que la tribuna del Senado fuera tomada, el dictamen se alistó para su votación el 9 de abril pasado, pero la sesión en la que se discutiría este tema, a la que citaron las comisiones unidas de Población y Desarrollo, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, se tuvo que cancelar por falta de quórum.
A la reunión sólo acudieron cuatro senadores. Los presidentes de las comisiones de Población y de Seguridad Pública, Humberto Andrade y Ulises Ramírez, respectivamente, además de los senadores Ramón Galindo y Jesús María Ramón Valdés.
La falta de interés en el tema generó un reclamo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, quien le recordó al Senado que la aprobación de dicha reforma es una deuda que tiene pendiente México con la protección de los migrantes desde hace 20 años.
La recriminación del relator llegó al grado de pedirles a los senadores que fijen públicamente un plazo para aprobar la reforma, y a que se comprometan a que no pase de este periodo de sesiones.
Pero todavía no hay nada seguro.
En México el ingreso de migrantes sin permiso sigue considerándose un delito. Y aunque en la práctica dicha legislación no se aplica, esta disposición es usada frecuentemente por autoridades de diferentes sectores para amenazar y someter a diversos abusos a los migrantes, principalmente centroamericanos.
De manera recurrente, Organizaciones No Gubernamentales dedicadas de la defensa legal de los migrantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han encargado de denunciar esta situación.
La CNDH reportó que durante la Administración del presidente Vicente Fox, de 2000 a 2006, las autoridades migratorias hicieron poco más de un millón 100 mil aseguramientos de migrantes, es decir, un promedio de poco más de 500 por día.
“Quinientas personas —lamentó— expuestas cada día a algunos de los submundos que, como sanguijuelas, vivieron de ellos. Pero hay otros, no sabemos cuántos, que al ir por la libre y evadir a la autoridad migratoria quedaron a expensas de otros submundos delictivos”.
La situación es tal, que la CNDH tuvo que recurrir a una serie de historietas para advertir a los migrantes de los riesgos que pueden enfrentar a su paso por México y prevenirlos de los abusos, principalmente, de las autoridades, entre las que se encuentran los militares y los policías locales y federales.
Incluso, en el número 2 del cómic titulado Migrantes, se muestra cómo un policía le pide sus documentos a un centroamericano, mientras le menciona que es “un ilegal” y lo golpea por que, dice, ése es el trato de “criminales” que se les tiene que dar.
Y mientras tanto, la reforma que, en opinión de la CNDH y de Organismos No Gubernamentales puede ayudar a cambiar las cosas, sigue “durmiendo” en el Senado.
Criminalización de la migración, fuente de abusos
Mauricio Farah Gebara
Dice el Artículo 123 de la Ley General de Población (LGP): “Se impondrá pena de hasta dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente al país”.
Esta disposición, que ha permanecido vigente durante 34 años, es suficiente para afirmar que en México la inmigración indocumentada es considerada un crimen. Y el crimen se sanciona con cárcel.
Equiparar la inmigración irregular con la comisión de un crimen es, al menos, desproporcionada. Quien se interna al país sin la documentación migratoria requerida, comete una falta administrativa a la que correspondería una sanción administrativa, como lo es, por ejemplo, su aseguramiento y su devolución a su país de origen.
En realidad, esto es lo que hace la autoridad migratoria: asegurar al migrante indocumentado y enviarlo a su país.
Sin embargo, se ha mantenido vigente la amenaza para el migrante.
No sólo el migrante que se interna en el país sin documentos es criminalizado: los artículos del 118 al 125 de la LGP, establecen las sanciones relacionadas con los migrantes. Hay penas corporales y económicas para quien, habiendo sido expulsado, vuelva a internarse al país sin documentos; para quien permanezca en México más allá del tiempo autorizado; para el que realice actividades diferentes de aquellas que mencionó cuando ingresó al país; y para quien se ostente con una calidad migratoria distinta de la que le otorgó la Secretaría de Gobernación. Las penas van desde 18 meses hasta diez años de cárcel.
Quienes más padecen las consecuencias de la penalización de la migración son los transmigrantes irregulares. Basta la letra de la Ley para que malos servidores públicos, en su mayoría los elementos de las más diversas corporaciones policiacas de los tres órdenes de Gobierno, amenacen y extorsionen a los migrantes. La sola mención de la sanción coloca a estos agentes del Estado en una doble posición de fuerza que aumenta la ya de por sí acentuada vulnerabilidad de los extranjeros sin documentos.
La criminalización de los migrantes irregulares no sólo es una de las principales causales de las conductas arbitrarias de las autoridades: también la delincuencia común y organizada la capitaliza en su favor, pues todos aquellos que abusan de los migrantes o cometen delitos en su perjuicio están conscientes de que los migrantes no tienen un acceso real a la justicia. Y que no denunciarán, porque saben que serán expulsados del país y, además, temen ser encarcelados.
Este círculo pernicioso de la amenaza, el abuso, el silencio y la impunidad se ha repetido una y otra vez a lo largo de más de tres décadas. No se trata de especulaciones: miles de personas han sido víctimas de una disposición a la que, por no aplicarse, algunos consideran inocua, cuando en realidad es fuente diaria de atrocidades y de violación a los derechos humanos.
Es preciso estar consciente de la gravedad de los efectos: durante todo este tiempo el Estado Mexicano ha mantenido vigente un escenario y un marco legal propicio para la agresión, el asalto, el robo, la extorsión, la humillación, la violación sexual, el secuestro y la trata de migrantes.
Por ello, es de la mayor importancia que el Senado de la República discuta y vote la minuta enviada por la Cámara de Diputados relativa a la derogación de los artículos de la LGP que establecen sanciones corporales para los migrantes irregulares.
Los diversos intentos de algunos legisladores estadounidenses por penalizar la migración indocumentada en su país, así como la puesta en marcha del Operativo Tolerancia Cero, mediante el cual se ha sentenciado a docenas de mexicanos a penas de cárcel hasta por seis meses, han merecido, y merecen, el reclamo de México y la demanda de que no se criminalice a nuestros connacionales que han entrado a Estados Unidos de manera irregular.
Este es un reclamo legítimo que debería tener su correspondiente atención en nuestro país. Un mínimo de congruencia, un principio ético y el criterio jurídico de proporcionalidad entre la pena y su sanción, así lo demandan.
Con excepción de lo que se refiere a los traficantes de personas, la lucha en contra del crimen no está en el escenario de la migración.
* Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Despenalización, una medida urgente
Marta Villarreal
El conjunto de delitos tipificados actualmente en la Ley General de Población, excepto el delito de tráfico, establece pena de prisión para un grupo social que es sistemáticamente discriminado, por lo que criminalizar la migración indocumentada agrava la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran los migrantes.
El pasado nueve de abril, los senadores de las comisiones unidas de Población y Desarrollo, Seguridad Pública y Estudios legislativos Primera del Senado, tenían una cita para discutir y votar la minuta de reformas a la Ley General de Población (LGP) y con ello decidir el tinte democrático y perfil de la política migratoria aplicada a los miles de migrantes que anualmente llegan o transitan por nuestro país.
Una cita para concluir un proceso legislativo que tuvo su expresión formal con la aprobación, en la Cámara de Diputados de reformas legales que, en lo general, libera a los migrantes de la amenaza de la acción penal en su contra.
Son pocas las ocasiones en que estamos ante la histórica coincidencia de posiciones de instituciones estatales, organismos internacionales, sociedad civil y eclesiástica, academia, migrantes y sus familiares: la necesidad de despenalizar la migración indocumentada como una medida urgente para evitar mayores violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Todos coincidimos, con una o más de las siguientes razones para eliminar del orden jurídico mexicano las sanciones penales a migrantes:
-La consabida incongruencia con la política exterior mexicana, en particular en su relación con Estados Unidos, puesto que México reclama que sus nacionales indocumentados en Estados Unidos no sean tratados como criminales y se respeten sus derechos humanos.
México tiene que responder ante organismos internacionales por los compromisos que en la materia ha adquirido, entre ellos la obligación de adecuar la legislación doméstica para que corresponda a la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la Convención y otros instrumentos internacionales aplicables, que indefectiblemente eliminan como delito penado con privación de libertad la entrada y o permanencia irregular de una persona en su territorio.
La sociedad civil mexicana (Foro Migraciones) e internacional se ha sumado a las demandas por la eliminación de los tipos penales que criminalizan al migrante y sugiere como alternativa sanciones de índole administrativa.
-Recientemente manifestada a través de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra la tendencia a reprochar el castigo penal a los migrantes o a quienes, sin fines de lucro, les brinden ayuda humanitaria.
Las recurrentes noticias de eventos de violación a derechos humanos de migrantes, por distintas autoridades y por particulares dan cuenta de cómo la existencia de las normas de la LGP que establecen penas de prisión para los migrantes indocumentados son terreno fértil para la extorsión, los abusos y las arbitrariedades.
La amenaza penal además de desmedida ha sido inútil, que puede acudirse a otras vías como medio de control e inhibición de la migración no autorizada.
Hoy por hoy, las sanciones previstas para un migrante indocumentado son la pena de prisión, más una multa, más la expulsión. Una manera de hacer coincidir el interés del Estado con el respeto a los derechos humanos es sustituir las sanciones penales por medidas administrativas. Nuestros legisladores ahora están valorando precisamente el cambio de un régimen migratorio restrictivo por uno amigable que invite a los migrantes indocumentados a tramitar su legal estancia, a ingresar al ámbito de licitud. Un adecuado y oportuno cambio de herramienta del Estado en el control reflujos migratorios.
Esperemos que los legisladores acudan a su cita, en suficiente quórum y disposición para concretar la liberación de los migrantes de la amenaza penal.
