Es una realidad común y cada vez más normal, especialmente en las poblaciones fronterizas de México con Estados Unidos.
Familias enteras con recursos, educación y algunas de ellas dueñas de empresas importantes, deciden dejar todo para establecerse en suelo yanqui.
Antes esto ocurría por necesidad cuando la economía mexicana estaba dominada por el Gobierno y no permitía a los empresarios desarrollarse libremente.
Recordará usted los tiempos de José López Portillo y la nacionalización bancaria cuando muchos magnates emigraron a Miami, Los Ángeles, Chicago, San Diego y Nueva York en busca de nuevos horizontes.
Después la emigración se dio por mera comodidad. Los capitanes de grandes empresas como Emilio Azcárraga Milmo vieron que era más fácil vivir con sus yates, aviones y mansiones en Miami que sufrir la contaminación y el caos vial del Distrito Federal.
Ahora es la seguridad la que mueve a estos mexicanos a cruzarse a vivir a un país ajeno en idioma y cultura, pero que ofrece la protección y garantías legales que todo ciudadano espera de su Gobierno.
El fenómeno ocurre con mayor fuerza en estados como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, en donde la delincuencia organizada se adueñó de las policías y la justicia.
En poblaciones como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo o Mexicali, los asaltos, secuestros y ejecuciones son el pan de cada día y salvo escasas excepciones, nunca son arrestados los salvajes criminales que ya no respetan a niños, mujeres y ancianos.
En Estados Unidos ocurren muchos hechos delictivos, pero la gran diferencia es que la autoridad policiaca y la judicial actúa de una manera inmediata y firme.
Los teléfonos de emergencia sí funcionan y basta marcar el famoso 911 para que en cuestión de minutos se aparezcan las patrullas de Policía y los cuerpos de rescate.
En las ciudades mexicanas hace tiempo que las calles, parques y explanadas están en manos de los delincuentes, sean pandillas, rateros o meros pillos con uniforme.
Meses atrás en una de estas poblaciones fronterizas fue secuestrada una familia integrada por el padre, la madre y un hijo de 18 años de edad. Los tres fueron golpeados con saña y brutalidad. A las horas dejaron libre a la esposa para tener alguien con quien negociar.
Los secuestrados exigieron cantidades astronómicas, muy por arriba de las posibilidades de la familia. Por no concretar sus planes, los plagiarios acabaron por enviar a la familia un dedo del hijo para presionar. Pero aún así no lograron acercarse a lo solicitado y dos semanas después apareció el cuerpo ejecutado del joven de 21 años de edad.
Hasta a la fecha no hay rastro del padre de familia que se presume ya fue asesinado.
Historias similares abundan, unas peores que otras, pero todas dramáticas y condenables.
Hace unos días el colega periodista Óscar Genel escribía con tristeza: “Ganaron los malos. No hay vuelta de hoja… Una corriente Sur-Norte diferente a la que empuja el hambre de los indocumentados. Una migración que tiene como energético al miedo”.
El mismo fenómeno que ocurrió en diferentes tiempos y circunstancias en El Salvador, Nicaragua, Colombia, Guatemala y Honduras, hoy se repite en México a niveles por demás preocupantes.
Allá en el Centro del país, en donde se toman las grandes decisiones, nadie parece darse cuenta que miles y miles de mexicanos siguen abandonado el país, algunos por hambre, otros por comodidad y muchos más por la falta de seguridad y garantías.
¿Alguien podrá calcular el costo social y económico que tendrá para México esta fuga humana?
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