“Los diputados han hecho reformas para el desarrollo del estado”. Iván Herrera, licenciado
Los notarios siguen molestos. Juan Gerardo Parral Pérez, líder del gremio, advierte que el artículo 184 de la Ley de Aguas del Estado genera una inseguridad jurídica por lo que recurrirán al amparo.
Y además arremete en contra de Ángel Orona Romero, asesor del Congreso del Estado, quien minimizó los argumentos de los fedatarios. “Burlonamente nos dijo que presentemos los amparos y que no pasa nada, ya veremos, si va a pasar o no”, determina.
ACERCAMIENTO
La tarde del martes el Colegio de Notarios mantuvo una reunión con diputados y con la presencia del secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar; aunque todo parecía avanzar bien, hubo algo que generó el disgusto de los actuarios.
“No hubo ninguna solución, hubo avances nada más en cuanto a que vamos a formar mesas de trabajo para poder adecuar el artículo de tal manera que no sea impositivo y prohibitivo, nosotros solicitamos la derogación porque creemos que no tiene razón de ser, cuando existe una buena disposición del notario a contribuir con la cultura del pago de agua”, establece.
Lo grave de este artículo, agrega, es que se condiciona una seguridad jurídica de las personas por el pago del agua. Mientras se llevan a cabo las mesas de trabajo, no se aceptarán las escrituras en el Registro Público de la Propiedad y se creará una inseguridad jurídica, por su parte, los notarios acudirán al amparo, según las palabras del ex Contralor Estatal.
ENOJO
“Con gran sorpresa escuchamos hablar a uno de los asesores del Congreso, Orona Romero. Nuestra propuesta era que mientras se llevaran a cabo las mesas de trabajo se suspendiera el no registro para evitar la inseguridad jurídica pero él dijo que era una propuesta inmoral”, relata Parral.
Remarca que se trata de un licenciado en Ciencias Políticas y Administración, por lo que su perfil profesional no le permite hablar sobre el derecho.
“Queremos hacer pública la indignación del Colegio de Notarios porque ese tipo de personas que asesoran al Congreso con toda seguridad son los progenitores de este engendro de artículo que causa inseguridad jurídica y atenta contra el principio de la libre contratación y la fe pública del Estado y el mismo Código Civil”, manifiesta.
