El sacerdote jesuita, Carlos Rodríguez, señala que hay esperanza entre los familiares de los mineros muertos tras la recomendación de la CNDH a la PGR de abrir el expediente de Pasta de Conchos.
Confian familiares de mineros que el procurador Eduardo Medina-Mora reabra el expediente de la tragedia en Pasta de Conchos.
A casi tres años de la tragedia en Pasta de Conchos, el caso está cerrado para el Estado y la empresa Minera México, pero para los familiares no, pues avanzan las quejas que interpusieron tanto en el sistema de procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Carlos Rodríguez Rivera, sacerdote jesuita y coordinador de Procesos Organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), explicó que en septiembre acudieron a Ginebra e interpusieron una queja en el sistema de procedimientos de recursos especiales de las Naciones Unidas. De la misma forma, en agosto del año pasado fueron a la CNDH y pusieron una queja contra siete autoridades, seis federales y la Procuraduría de Justicia del Estado.
Los familiares insisten en una investigación completa donde se analicen las condiciones de la mina y se extraigan los cuerpos sepultados tras la explosión. En San Juan de Sabinas pesan los tres años de abandono por parte de las autoridades federales y estatales, cada día ha sido emocionalmente y psicológicamente desgastante, pero hay esperanza tras la recomendación de la CNDH.
El sacerdote explicó que tras el cierre de la mina por parte de la empresa se quedaron evidencias dentro, de modo que se ha comprobado que la maquinaria que los trabajadores utilizaban era obsoleta, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) archivó el expediente. La recomendación 064/2008 de la CNDH el pasado 19 de diciembre pide al procurador general, Eduardo Medina-Mora, que se abra nuevamente el expediente y se haga la investigación, por lo que las pruebas volverán a adquirir relevancia.
En el documento de la CNDH, cuya copia tiene El Siglo de Torreón, consta que los peritos que atendieron la problemática recomendaron “practicar el peritaje de química forense en las ropas de los trabajadores con el fin de buscar e identificar sustancias explosivas” en marzo de 2007, pero la empresa canceló entonces las tareas de recuperación, ante la hipótesis de que la química forense podría demostrar que no hubo la explosión que ellos creían que había ocurrido.
Rodríguez Rivera explicó que la PGR no está obligada a acatar la recomendación de la CNDH, pero como se abrió el mecanismo en el sistema de la ONU, se tiene la fuerza para pedir al Gobierno mexicano que se abra la investigación.
El jesuita dijo además que en la comparecencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano, ante la Cámara de Diputados, los legisladores le solicitaron abrir una mesa para investigar el caso debido a que hay nueva información. En estas reuniones, las familias se harán acompañar de expertos que señalan que el rescate es viable.
El sacerdote señaló que el próximo año se realizará una serie de actividades sociales y culturales en la región y en la Ciudad de México por el tercer aniversario. También se harán manifestaciones ante las autoridades federales para que la PGR acate la recomendación y en marzo se reunirán con el secretario de Salud de la ONU, que visitará México.
El sindicato minero -que apoya al dirigente, Napoleón Gómez Urrutia-, por su parte, busca la incursión directa a Pasta de Conchos.
Antecedentes
La madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina Pasta de
Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, provocó la muerte de 65 trabajadores.
A tres años de la tragedia, sólo se extrajeron los cuerpos de dos mineros, mientras que 63 permanecen atrapados a 150 metros bajo tierra.
La mina es propiedad de la compañía Industrial Minera México.
Tras el accidente, 13 trabajadores más fueron rescatados con vida, presentaban golpes y quemaduras.
Las labores de búsqueda y rescate de los cadáveres se suspendieron bajo el argumento de que el filón sigue impregnado de gas grisú y existe riesgo de una nueva explosión.
FUENTE: Hemeroteca de El Siglo de Torreón.