Eí, estimado lector, en un acto de justicia que mucho honra al sistema, después de una averiguación contenida en 76 páginas las autoridades de Illinois fueron hasta la sede del Gobierno Estatal en Chicago y tomaron preso a Rod Blagojevich, gobernador de esta entidad, bajo cargos de corrupción. El gobernador, como muchos otros políticos de todas las latitudes y todas las naciones, no se conformaba con ser la máxima autoridad de su estado, sino que desde ahora pensaba ser candidato a presidente en 2016, lo que no fue obstáculo para que se comportara como un vulgar revendedor.
¿Cuál fue el delito por el que cayó y fue detenido?, simplemente, al saber que el escaño de senador que ocupó un tiempo Barack Obama quedaba vacante, ¡lo puso en venta al mejor postor!; y podemos imaginarlo en su elegante oficina de Gobierno, hablando por teléfono con un posible candidato: “-No, amigo, Fulano de tal ya me ofreció tantos dólares, ¿cuántos me puedes ofrecer?”. Eso es corrupción, que fue descubierta, analizada, juzgada, y llevó a la detención de Blagojevich.
¿Es esto una muestra de cómo funciona la justicia?, sí y no; sí, porque para todos los norteamericanos, el que un gobernador sea llevado a la justicia por un delito confirma que “nadie debe estar por encima de la ley”, pero no, porque como dijo Robert Grant, agente especial de la FBI (Buró Federal de Investigaciones) “Illinois no es el estado más corrupto de los Estados Unidos”, lo que quiere decir que en todos lados hay corrupción, y con ella, impunidad. Pero, estimado lector, Yo Ciudadano me pregunto: ¿podrá suceder algo así en México?
Tenemos a un gobernador, Mario Marín, que fue grabado amplísimamente y exhibido a nivel nacional cuando conversaba con un pederasta que le agradecía la detención de Lydia Cacho, quien había denunciado los casos de tráfico de menores en Yucatán…y no pasó nada. Tenemos a otro, Arturo Montiel, aquel que prometió “limpiar de ratas” su Gobierno, a quien se le documentaron lujosísimas propiedades tanto en el país como en el extranjero, valuadas en millones de euros, -con un sueldo de 108 mil pesos mensuales-: y...no pasó nada.
Y qué me dice usted de Arturo Zamora, alcalde priista de Zapopan, investigado por la DEA por sus posibles nexos con el narcotráfico, y el otorgamiento de licencias de construcción sin licitación, un supuesto fraude al IMSS y otras lindezas…: no pasó nada. Otro más, denunciado públicamente en los diarios por la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, Adalberto Madero, alcalde de Monterrey, que intentó extorsionarlos en el otorgamiento de permisos para el desarrollo urbano, así como en el otorgamiento irregular de contratos publicitarios en puentes peatonales… no pasó nada.
Podemos seguir la lista, y usted, estimado lector seguramente sabe de casos de violaciones a la ley de funcionarios pequeños y grandes, violaciones que nunca han sido ni será castigadas. El presidente de México ha pedido que se denuncien, afirma que tenemos que vivir en un país de leyes; ojalá esto sea cierto, y si nosotros podemos contribuir con nuestras denuncias, lo haremos, porque queremos vivir en un país digno.
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