Durango. Es el Gobierno de la República el que debe garantizar la seguridad de las elecciones y los partidos, en su ámbito de competencia, evitar que se presente la intromisión del crimen organizado en las campañas, consideró Graciela Ortiz González, secretaria de Acción Electoral del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Luego de que se diera a conocer la intención de firmar un pacto para blindar contra el crimen organizado a las elecciones del 2009, la integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI declaró ayer en una visita que realizó a Durango que el IFE debe dedicarse a lo que le marca la ley.
Aseguró que el PRI prepara una estrategia de triunfo que ratificará en el 2009, ya que son la primera fuerza política del país.
Obligaciones. “El IFE está destinado a organizar los comicios de manera armónica, dando a los partidos las condiciones necesarias para que los principios de garantía, certeza, legalidad y equidad se cumplan”, señaló.
Un acuerdo de esta naturaleza (el pacto), agregó, debe tener como principio fundamental el respeto a la ley. “A través de nuestras fuerzas parlamentarias dimos ya una norma que es el Código Federal para Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en la que se establecieron los mecanismos para evitar la incursión del crimen organizado en la política”, señaló.
Ortiz González consideró que los partidos deben exigir que se cumplan estas normas y que las precampañas y campañas sean transparentes, que se informe de manera permanente cómo se desarrollan los procesos internos. “El instrumento normativo para que el IFE cumpla esta función está establecido”, remató.
Postura. “Esa declaración conjunta debe hacerse por todos aquellos que tienen capacidad para impedir que esa situación se dé. Y el primero que la tiene -no solamente la capacidad, si no las atribuciones y las obligaciones legales- es el Gobierno de la República”, apuntó.
Si no concurre la Presidencia de México a un compromiso conjunto de esta naturaleza, lo demás sería mera declaración, aseveró.
