El pleno del Congreso del estado estableció las penas más altas, sin derecho a fianza, contra quienes asesinen periodistas y, mediante reformas penales y asistenciales, aprobadas este martes, garantizó también protección económica a viudas e hijos.
Coahuila se convierte así en el primer estado en salvaguardar los derechos de los comunicadores, cuyo trabajo se ha convertido en un riesgo debido a la ola de violencia y criminalidad que afecta al país.
“No hay sociedad libre sin periodistas libres, por eso se debe tutelar de manera relevante el derecho a la información”, establece la iniciativa presentada por el diputado José Ignacio Maynés Varela (PAN) y respaldada por legisladores de media docena de partidos políticos.
El que mate a un periodista, en función de su activad informativa, será condenado a pasar de 30 a 60 años de cárcel, o más si se le acumulan otros ilícitos, señala el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad, con los 25 votos de los diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Unidad Democrática de Coahuila (UDC) presentes en la sesión.
-Querían denominarlo “periodicidio”
En la propuesta de Maynés Varela, se planteaba establecer por primera vez en el país el delito de “perioridicio”, pero en el estudio realizado por los diputados de las comisiones dictaminadoras encontraron que el término es inexistente y jurídicamente inviable. Etimológicamente significaría: ricidio-muerte; perio-periódico, es decir: muerte del periódico, por lo cual no se incluyó.
Se reformó el artículo 67 fracción I, y se adicionó un numeral 16 a la fracción II del artículo 72 y se adicionó un artículo 336 bis del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se establecieron sanciones de hasta 60 años de prisión por el homicidio en contra de personas en función de su actividad dentro del periodismo.
También se adicionó un artículo 6 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado a fin de otorgar pensiones a los deudos del informador que sea asesinado por el desempeño de su trabajo.
De manera por demás lamentable, México, después de Irak, es el segundo lugar del mundo más peligroso para la actividad periodística, según la Asociación de “Reporteros Sin Fronteras” con sede en París, se subrayó en la exposición de motivos.
Se destacó además que las agresiones y actos de hostigamiento que se han convertido en gajes del oficio para los periodistas son totalmente inaceptables.
Las autoridades deben asegurarse que los informadores puedan hacer su trabajo de investigación, que es una función legítima de los medios de comunicación, sin sufrir violaciones de derechos humanos.
En Coahuila se comienza a vivir una vulneración grave de los derechos de las personas ante la desaparición de algunos compañeros periodistas, lo que obliga a legislar de manera especial para reconocer una protección prevalente en estos casos.
El asesinato, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta a los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.
Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad y para ello se propone una serie de medidas legislativas para asegurar la libre prensa, señaló el autor de la propuesta.
En un recuento de la problemática que enfrentan los trabajadores de los medios, refirió que para Amnistía Internacional los gobiernos están obligados a proteger los derechos humanos, en especial los que tienen que ver con la libertad de opinión y poner fin al hostigamiento, tortura y homicidio de periodistas.
Los especialistas del tema señalan que son los gobiernos de muchos países y grupos de poder coludidos con ellos (narcotráfico, mafia y delincuencia organizada) los que continúan controlando y restringiendo la información que pretenden ocultar, con lo cual violan los derechos humanos de las personas cuyo trabajo consiste en investigar, difundir y cuestionar los actos que la opinión pública debe conocer.
En algunos casos, las autoridades matan realmente al mensajero: el periodista. Pues al sacar a la luz abusos del poder, los periodistas se convierten a menudo en víctimas de los mismos actos de intimidación y hostigamiento que denuncian.
La iniciativa del panista fue planteada conjuntamente con sus compañeros de la fracción parlamentaria del albiazul, PRD, PT, PVEM, UDC y el independiente, Alfredo Garza Castillo.
