El procurador de la República, Eduardo Medina-Mora, repasa los logros y fracasos de la dependencia durante el año 2007. (Archivo)
Admite el procurador Eduardo Medina-Mora que existen policías que funcionan más como apoyo al crimen organizado.
Un año después de la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de México, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo el mayor desafío del Estado. Eduardo Medina-Mora tiene el mandato de poner coto a los desmanes de los cárteles de la droga, desde su puesto de procurador general de la República.
En algunas partes del país, el crimen organizado campea a sus anchas. Hay historias de película: un convoy de la muerte se adueña durante horas y en total impunidad de la ciudad de Cananea, Sonora; un comando armado asalta la morgue de Tijuana y se lleva un cadáver, otro grupo de sicarios irrumpe en un hospital en busca de un herido; tres cantantes de música norteña han sido asesinados en las últimas semanas y la lista de decapitados en ajustes de cuentas crece imparable.
“El esfuerzo del presidente Calderón en su primer año de Gobierno va dirigido esencialmente a recuperar para los mexicanos el derecho a vivir en paz y tranquilidad en sus comunidades”, dice el procurador.
En su amplio despacho en la avenida Reforma de la Ciudad de México, Medina-Mora repasa logros y fracasos, y habla sin rodeos de debilidad institucional en las Fuerzas de Seguridad:
“Tenemos una Policía altamente fragmentada, con más de 1,600 cuerpos de Policía distintos en todo el país”.
¿En qué medida la falta
de una Policía que genere confianza dificulta la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado?
Es un tema central. En algunas regiones del país, no muy extensas pero sí muy visibles, la delincuencia organizada le disputa al Estado potestades básicas, como el monopolio del uso de la fuerza y el derecho exclusivo a cobrar impuestos.
¿Cuáles son los territorios en los que el crimen organizado trata de tú a tú al Estado?
La mayor impunidad es en la frontera norte, especialmente en los Estados de Baja California y Tamaulipas, en los extremos de la costa del Pacífico y de la costa del Golfo de México. También zonas relevantes de Michoacán, la Tierra Caliente.
La impunidad del crimen organizado contrasta con el panorama optimista que dibuja el presidente Calderón. ¿Peca de triunfalismo el Gobierno a la hora de evaluar la lucha contra el crimen organizado?
Creo que no. Hemos golpeado seriamente la capacidad operativa y logística de las organizaciones delictivas. Los decomisos históricos de cocaína, metanfetaminas, pseudoefedrina, marihuana, etc. han sido muy significativos este año. En México, desarticulamos la organización más importante del hemisferio occidental de tráfico de pseudoefedrina, materia prima de las metanfetaminas. La organización del chino Zhenli Ye Gon introducía más de cien toneladas de pseudoefedrina al año.
Pero en 2007 aumentaron las muertes violentas.
Hubo un aumento en abril y mayo. En periodos posteriores, la disminución fue consistente, con una tendencia a la baja. El presidente Calderón dijo desde el primer día que ésta sería una batalla de largo plazo, que costaría mucho esfuerzo, recursos y vidas humanas.
¿Con cuántos muertos termina el año 2007?
El problema son las ejecuciones, que son homicidios dolosos cometidos con algún grado de violencia extrema y que pueden ser atribuibles a la delincuencia organizada. En nuestra cuenta, cerraremos el año con unas 2,500 ejecuciones. El año pasado terminamos con 2,350.
Usted ha denunciado intentos del narcotráfico de interferir en procesos electorales.
Es indudable. En Estados como Tamaulipas y Michoacán tenemos datos, denuncias de candidatos que fueron intimidados o secuestrados, que recibieron amenazas con la pretensión de influir en el resultado y en la conducta de los contendientes en una elección.
¿Hay gobiernos municipales o estatales penetrados por el narcotráfico?
Hay policías municipales que están colapsadas institucionalmente, que funcionan más como un apoyo a las tareas del crimen organizado que a las tareas de seguridad pública y protección ciudadana. Es ahí donde la responsabilidad de los gobernadores y alcaldes es más grande.
¿Es un fracaso del Estado que uno de los grandes capos de la droga, como “El Chapo” Guzmán, se pasee impunemente en algunas zonas de la República desde que se fugó de la cárcel hace siete años?
Es una asignatura pendiente. Ciertamente este capo del Cártel del Pacífico es una figura emblemática, muy visible. Lo arrestaremos, pero “El Chapo” Guzmán ya no tiene un papel activo en la organización. Desde luego, su captura sería de una gran rentabilidad política y mediática, porque su figura es usada como un elemento de distracción.
En la lucha contra el “lavado” de dinero procedente del narcotráfico tampoco ha habido grandes logros.
México recibe del sistema bancario de Estados Unidos alrededor de mil millones de dólares en efectivo al año para satisfacer necesidades del propio sistema financiero, y devuelve a Estados Unidos cerca de 17 mil millones de dólares. Hemos rastreado con las autoridades y las instancias de Inteligencia estadounidenses este flujo de efectivo. Una parte puede explicarse por el turismo, transacciones fronterizas y dinero de los emigrantes mexicanos, pero hay diez mil millones de dólares que cruzaron la frontera en efectivo que no tienen otra explicación que no sea el narcotráfico.
¿Cómo valora la colaboración de EU en la lucha contra el tráfico de drogas?
En el aspecto de cooperación internacional, EU juega un papel fundamental. México tiene un problema de narcotráfico inmenso por su vecindad con el primer mercado de drogas del mundo. Nuestro problema es esta vecindad. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y pedimos a EU que asuma su responsabilidad. Por ejemplo, en el tráfico ilícito de armas. El poder de fuego de las organizaciones criminales no se explica sin la adquisición de armas de alto poder en el país vecino.
