Hernández Espino exige cuentas claras a Contraloría

Durango. La Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad) debe dar a conocer a la brevedad posible los resultados de la auditoría que sigue en el caso del Cortijo Residencial, pues entre más tiempo pasa, más se presta a recelos y especulaciones. Ésa es la perspectiva de la diputada Claudia Hernández Espino.

La legisladora panista enuncia que al Congreso del Estado le interesa que se garantice la certeza jurídica para los compradores de buena fe, quienes han quedado en medio de un conflicto entre particulares y ahora, familiar.

Desde marzo pasado, recuerda, se dio la instrucción a la Secomad por parte del Gobernador para que diera seguimiento a este caso y a la fecha no hay ningún resultado, no obstante que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) ha insistido en el tema.

Giro.- Pero ahora el expediente ha dado un nuevo vuelco, ya que hay señalamientos muy directos contra funcionarios estatales. “Debe transparentar la información con nombres y apellidos; deben agilizar las investigaciones y deslindar responsabilidades porque entre más se tarden se presta a más celo, a especulaciones y rumores”, establece.

La venta irregular de los terrenos que conforman el fraccionamiento Cortijo Residencial afecta a cerca de 400 familias, mismas que han quedado como “una carnada” entre las partes que están en conflictos legales, según las palabras de la ex Regidora del Ayuntamiento.

Hernández Espino cita que a la fecha la Secomad ya debe tener mayores avances de este conflicto que afecta el interés público al dañar a compradores de buena fe y con funcionarios estatales involucrados.

DATOS

-Miembros del Consejo Administrativo del Cortijo Residencial señalan que han sido víctimas de amenazas por defender los derechos de los compradores de buena fe.

-El vicepresidente de este Consejo, Adrián Rosas Solórzano, informó que se realizaron algunas auditorías durante la gestión de su hermano Arturo y se detectó el fraude.