En esta acta presuntamente falsa el nombre de la afectada es cambiado con apellido Flores, cuando debe decir Fuentes. Son detectadas otras irregularidades.
El Siglo de Durango
Falsedades
Los documentos hablan por sí solos. En ellos se observan las anormalidades que fueron cometidas en contra de ex trabajadora de la UJED, quien afirma que sigue vigente una demanda penal en la PGJ.
Falsificación evidente
Las irregularidades fueron evidentes en el documento presuntamente falso que firmó la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), según mostró la afectada y ex trabajadora de la UJED, María Esther Guerrero. Hubo dos actas que se llevaron a cabo en la misma institución, a la misma hora y en el mismo lugar, pero con datos diferentes.
Comienzan las anomalías
En el documento falso la demandante es María Esther Guerrero Flores, cuando su apellido es Guerrero Fuentes. El documento original que consta de cerca de tres hojas redactadas por los dos lados manifiesta que: “al no existir controversia alguna, ya que la demanda fue en sentido afirmativo ante la incomparecencia de la demandada UJED, y no habiendo objeción de las documentales ofrecidas no es necesario el perfeccionamiento de dichas documentales toda vez que las mismas no fueron objetadas en cuanto a contenido y firma”. Como se recordará la mencionada demandaba su liquidación por parte de la UJED.
Acuerdo de la Junta
La JLCyA determinó: “téngase por celebrada la presente audiencia (21 de enero del 2008), compareciendo las partes que así lo fueron en el periodo conciliatorio se declaró fracasado, en el periodo de demanda y excepciones la parte actora ratificó su escrito inicial en vía de demanda, ante la incomparecencia de la demandada UJED se le tuvo por contestado la demanda en sentido afirmativo… en el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas las partes ofrecieron pruebas de su intención en forma escrita y realizaron las objeciones y manifestaciones que consideraron pertinentes, y la demandada UJED ante su incomparecencia se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo”.
Sorpresas
Se citó el 14 y 15 de abril para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales, respectivamente, sin embargo fue obvio que la UJED no aportó ninguna prueba, de tal modo que había perdido el juicio laboral. La sorpresa fue que se llevó a cabo una audiencia de conciliación el 28 de marzo del 2008 por tercera ocasión, misma que fue ilegalmente registrada en un documento presuntamente falso.
Como se informó ayer, el documento apócrifo indicó en la misma fecha del 21 de enero del 2008 que debido a que se encontraban en pláticas conciliatorias la audiencia se difería hacia el 28 de marzo del 2007, fecha totalmente incorrecta por el año.
A pesar de la ilegalidad en el ordenamiento de esta audiencia, en forma increíble ésta se llevó a cabo en la Junta, pero el 28 de marzo del 2008, aunque Guerrero Fuentes por todos los medios trató de impedirla, a solicitud que realizó ante la JLCyA.
Abogados corruptos
La denunciante manifestó que le habían recomendado a unos buenos abogados laborales. Sus nombres son: Raúl Galarza Enríquez y Carlos Galarza Herrera, pero fue todo lo contrario. Según María Esther Guerrero, el cambio del acta original por una falsa fue a causa del contubernio que hubo entre sus abogados y la JLCyA. De hecho Raúl ya había sido detenido en el 2007 con orden de aprehensión girada por un Juez Civil, por hacer declaraciones falsas, según se publicó en un medio de comunicación escrito.
PAN hace exhorto a Gobernador
En el Congreso del Estado el Grupo Parlamentario del PAN realizó un exhorto al gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras, para que se instruya a realizar una investigación profunda, respecto a la serie de irregularidades que se presentaron en la JLCyA.
También se dijo en voz del diputado José Luis López Ibáñez que en caso de que se encuentren responsabilidades se finquen las necesarias a los funcionarios que se encuentran inmiscuidos.
Según comento el Legislador, ante los hechos que denuncia Esther Guerrero, es evidente el dolo con el que fue sustraído el documento del expediente que contenía la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral mencionado.
Para López Ibáñez lo anterior demuestra que hay funcionarios en la Junta que incurrieron en responsabilidad administrativa y penal. “No es posible que en estos tiempos se sigan dando este tipo de irregularidades”, expuso.
Microformatos datos:
Contraloría.- La Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa informa a María Esther Guerrero Fuentes que ella ya no es parte en procedimiento en contra de la JLCyA.
Promesa.- La Contraloría del Estado también promete en un oficio que la queja que presentó María Esther se continuará investigando y se determinará si se sanciona o no conforme a Derecho.
Recordando.- Funcionarios de la UJED hostigaron a la afectada para que se desistiera de la queja ante la Contraloría del Estado, para lo cual le ofrecieron 40 mil pesos como finiquito.
