En agosto de 2004 el templo evangélico de la comunidad Las Ollas, fue destruido por católicos en San Juan Chamula. (El Universal)
Muchos de los nuevos creyentes han sido obligados a abandonar sus casas y comunidades e, incluso, buscar refugio en otro país.
De 1970 a la fecha, en México se cuadruplicó la población con una religión evangélica o protestante, al mismo tiempo, aumentaron los casos de intolerancia religiosa que han obligado a muchos de los nuevos creyentes a abandonar sus casas y comunidades e, incluso, buscar refugio en otro país.
Es el caso, entre otros, del matrimonio formado por Primitivo Alavés Hernández e Inés Ruiz Cruz, originarios de San Miguel Aloapam, Oaxaca, quienes en diciembre de 2006 solicitaron su residencia en Estados Unidos, argumentando ser víctimas de persecución religiosa.
El juicio se tramita ante una Corte de Minnesota, y entre los testigos están integrantes de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, organismo que sólo durante 2007 documentó más de 60 casos de intolerancia religiosa en contra de creyentes evangélicos.
Primitivo y su esposa, quienes residían de manera ilegal en Estados Unidos desde 1997, fueron detenidos por autoridades migratorias, y así fue como su caso llegó a los tribunales, donde podría sentar un precedente que ubique a México entre los países donde existe la persecución por motivos religiosos, explica en entrevista Óscar Moha, vocero de la Barra.
“Tenemos varios casos como éste. Los hermanos fueron expulsados de su comunidad en 1991 por pertenecer a una Iglesia Evangélica y ante la imposibilidad de vivir o de trabajar en su lugar de origen, por las agresiones de católicos y autoridades tradicionales, decidieron irse a Estados Unidos, donde están recibiendo el apoyo de una Iglesia Evangélica”.
La historia de Primitivo e Inés, en efecto, es una entre muchas que ocurren en todo el país, pero principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Veracruz.
Antes de resignarse a abandonar su comunidad, ellos, sus padres, hermanos, tíos y amigos fueron golpeados, insultados, amenazados y excluidos de servicios públicos como el acceso a agua potable por decisión de las autoridades municipales.
“No podíamos ir a la Policía porque ellos no querían ayudar a los evangélicos”, relata Inés en su testimonio ante la Corte de Minnesota, en el que recuerda que su padre ni siquiera podía utilizar el transporte público de la comunidad.
LOS RIESGOS DE NO SER CATÓLICO
Expulsiones, secuestros y amenazas de muerte son algunos de los riesgos que conlleva profesar una religión distinta de la católica o educar a sus hijos bajo los principios de otro credo, porque los niños y los jóvenes también sufren las consecuencias de la persecución.
Uno de los casos más graves, hasta ahora, es el Lorenzo López López, un joven de 20 años que fue torturado, ahorcado y sepultado por unas 30 personas que lo acusaron de predicar el evangelio en la comunidad, en junio de 2007 en Jomalhó, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, recuerda Óscar Moha.
La persecución religiosa en México es un fenómeno que empieza a ser conocido incluso más allá de las fronteras.
“El Gobierno Federal respeta por lo general la libertad religiosa en la práctica. Sin embargo, los deficientes mecanismos de aplicación de la Ley han permitido que dirigentes de comunidades en Chiapas y otros estados discriminen a personas con base en sus creencias religiosas”, sostiene el Informe 2007 sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Los gobiernos a nivel federal y municipal no suelen castigar a los responsables de actos violentos motivados por cuestiones religiosas”, agrega el documento, que retoma varios de los casos denunciados durante 2007 por la Barra Nacional de Abogados Cristianos y otras comunidades no católicas.
