Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra y Juan de Dios Hernández, integrantes de la Comisión Mediadora entre el Gobierno y el EPR durante la presentación de su informe. (El Universal)
Acusa comisión mediadora al Estado de ‘desaparecer’ a dos miembros del EPR.
La Secretaría de Gobernación informó que la Procuraduría General de la República investiga la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz, reclamados por Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La dependencia, en un comunicado, señaló que la indagación permitirá conocer si efectivamente se trata o no de ese delito, todo con plena autonomía en la impartición de justicia.
Después, la Comisión de Mediación entre el Ejecutivo y el grupo armado concluyó que los eperristas fueron “desaparecidos de manera forzada” por parte del Estado.
El 25 de mayo de 2007 desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El 5 de junio, en un comunicado, el EPR denunció que habían sido detenidos por fuerzas del orden local y entregados a autoridades federales sin que fuesen presentados en ningún lugar, ni acusados formalmente de ningún delito.
Los integrantes de la comisión, encabezados por Carlos Montemayor, además de Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monje, Rosario Ibarra, Gilberto López y Rivas y Enrique González Ruiz, subrayaron la negativa por parte del Estado para “reconocer” que se trata de un caso de “desaparición forzada”.
La comisión explicó que “con estas condiciones resulta inexplicable la resistencia gubernamental a aceptar, como consecuencia lógica, la reclasificación de la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada de persona en lugar de secuestro”.
Argumentó, en las conclusiones dadas a conocer ayer en una conferencia de prensa, que “todas las informaciones recabadas por esta comisión apuntan a que los dos militantes del EPR, fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Antes, de que esta comisión informara sus conclusiones, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín en el que explicó que la “PGR desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona”.
La Comisión de Mediación aseguró aún no tener a los responsables materiales de la desaparición, y se quejó de que el Gobierno Federal no ha tenido “acciones concretas y voluntad política para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR”.
Aseguraron que hay un “nulo avance de las acciones procesales”, para dar con la localización de ambos eperristas.
Además Carlos Montemayor se quejó de la falta de transparencia por parte del Gobierno para acceder a expedientes o a instalaciones federales como campos militares o las propias oficinas de la SIEDO en la Procuraduría General de la República.
Y es que, Juan de Dios Hernández, acusó que existe una fuerte incompatibilidad y no se le permitió el paso a los integrantes de la comisión a instalaciones de la PGR, y no le dieron un trato de mediador, si no su visita fue “desconfiable”.
