Advirte estudio que al menos 60 mineros de Pasta de Conchos murieron por asfixia y no por el estallido en el yacimiento.
En la carbonera Pasta de Conchos, la madrugada del domingo 19 de febrero del 2006, no todos los mineros murieron a consecuencia de la explosión que se registró y, más aún, en las horas inmediatas al estallido la empresa concesionaria del yacimiento, Industrial Minera México SA de CV (IMMSA), tuvo suficiente tiempo para implementar una verdadera operación de rescate y poner a salvo a los sobrevivientes.
Al cumplirse dos años de la peor tragedia minera en la historia reciente del país, esta teoría se fortalece entre familiares de los 65 mineros que murieron y promotores de derechos humanos que se han convertido en solidarios de los deudos.
Los señalamientos los sustentan en un estudio que elaboró el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) cuyos resultados se hicieron públicos en octubre pasado, en los cuales se revela que al menos 60 de los 65 trabajadores muertos no perdieron la vida a consecuencia del estallido, ni tampoco por los derrumbes de toneladas de rocas y tierra que éste ocasionó, sino por asfixia, en espera de ser rescatados.
“La investigación que se hizo comprobó que la explosión ocurrió a la altura de la diagonal 17 (a unos 800 metros de distancia de la plancha de la mina), donde había muy pocos trabajadores, porque el grueso de los trabajadores estaba, a esa hora del turno, más adentro, como unas ocho o diez diagonales más adentro, después de la diagonal número 25, de tal forma que no fueron alcanzados por la explosión”, señala Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz Delgado, una de las víctimas de la tragedia.
En opinión del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien se convirtió en el principal activista de los familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, Industrial Minera México supo lo anterior desde el principio, pero sus directivos evitaron poner en marcha una adecuada operación de rescate por temor de que las autoridades y, sobre todo la presión social vigente en ese momento, se percataran de las precarias condiciones de seguridad que existían dentro de la cantera.
Añade que con el respaldo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en marzo del año anterior IMMSA suspendió las operaciones de búsqueda y rescate para evitar que los brigadistas arribaran al lugar donde se encuentra la mayor parte de los cadáveres, lo cual comprobaría que éstos no murieron debido a la explosión y los derrumbes, sino en espera de ser rescatados las horas siguientes al estallido.
Ante esta situación, Vera López es de la idea de que tanto los empresarios, como los funcionarios de la STPS y los representantes sindicales que sabían de las condiciones de seguridad en el zocavón, deben ser enjuiciados por homicidio.
Sin embargo, la semana pasada el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer los resultados de una investigación administrativa donde castigó, con la destitución e inhabilitación por un año del servicio público, a cuatro funcionarios de la delegación de la STPS en Coahuila: el director jurídico, Luis Raúl Sarmiento Villegas; el jefe de la oficina en la región Carbonífera del estado, Rogelio Fernando Aguirre Tovalín y a los inspectores de seguridad Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina.
‘Esta lucha no es por dinero’
A lo largo de estos dos años, Elvira Martínez Espinoza se ha convertido en la principal activista en torno al conflicto generado por la tragedia en Pasta de Conchos y no lo ha hecho precisamente por tener interés en llamar los reflectores, sino en un razonamiento contundente:
“Esta lucha no es por dinero y mucho menos por fama, esta lucha la estamos realizando primero, para recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos, para tener alguien a quien llorar, pero también para que la tragedia en la mina no quede como muchas otras, para que esto sirva como un precedente a fin de realmente mejore la calidad de vida de los trabajadores de las minas ”, señala.
Al respecto, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, consideró que salvo porque en teoría las autoridades laborales “están ahora más al pendiente” de la situación de los mineros, la muerte de los 65 carboneros ocurrida hace un par de años no ha cambiado en muchas cosas la actitud de los funcionarios federales del trabajo.
Aseguró desconocer si se ha cumplido el principal reclamo posterior a la tragedia planteado a la Federación por el Gobierno Estatal, respecto a la necesidad de que se incrementara sobre manera la cantidad de inspectores de seguridad en las minas y en el resto de las empresas consideradas de alto riesgo.
Antes del estallido había cinco inspectores de seguridad en todo el estado y sólo dos de ellos estaban comisionados a inspeccionar las minas.
“Ahora desconozco si hayan llegado más inspectores, porque el nuevo delegado que llegó (Manuel de Jesús Hernández Rocha), ni siquiera ha tenido la atención de presentarse con el gobernador”, puntualizó.
Ante esto, advirtió que “si desafortunadamente vuelve a ocurrir otro accidente y no han corregido todas las situaciones que nosotros les hemos señalado, de nuevo van a tener que enfrentar su responsabilidad”.
No fueron alcanzados
“La investigación que se hizo comprobó que la explosión ocurrió a la altura de la diagonal 17 (a unos 800 metros de distancia de la plancha de la mina), donde había muy pocos trabajadores, porque el grueso de los trabajadores estaba, a esa hora del turno, más adentro, como unas ocho o diez diagonales más adentro, después de la diagonal número 25, de tal forma que no fueron alcanzados por la explosión”.
Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz Delgado.
