Huérfanos y viudas, la otra cara de las ejecuciones
Las 740 ejecuciones que se registraron en Sinaloa en 2007, dejaron por lo menos mil 400 nuevos huérfanos
El retrato de Juan Roberto Martínez Méndez -vestido con camisola café, corbata beige y el quepí de Policía de Tránsito en la cabeza-, cuelga de la pared en la sala de su casa en la colonia Santa Fe al Norte de Culiacán, Sinaloa. Cuando su hija Mariana de 11 años de edad lo toma y lo muestra al visitante, su esposa Ana Luisa Lara baja la voz, aguanta el llanto mientras se acomoda en un sillón y mece una bebé en sus brazos; comienza a platicar que, durante todo aquel fin de semana de mediados de octubre pasado, apenas durmió media hora porque desde que le avisaron en la madrugada del viernes 19, que su marido había sido baleado, no volvió a conciliar el sueño en los siguientes tres días.
Juan Roberto había salido un jueves por la noche a trabajar, antes de partir comentó que le tocaba estar comisionado en el operativo anti-alcohol que el Ayuntamiento había desplegado en calles de esa capital para intentar inhibir la violencia. Durante las primeras horas del viernes se estacionó en una céntrica avenida junto a otros compañeros donde montaron un punto de revisión; en un momento de la jornada tocó el turno a un auto de lujo tripulado por un grupo de jóvenes quienes, según los reportes policiacos, viajaban en estado “eufórico”; cuando se acercó a pedir la documentación uno de los individuos le disparó por sorpresa, cayó herido y perdió el conocimiento. Huyeron sin que se les marcara el alto mientras los agentes pedían ayuda por radio, hicieron llamadas de emergencia y al poco rato llegó una ambulancia para trasladarlo al hospital del Seguro Social donde horas más tarde, en compañía de sus tres hijas, de 11 y cinco años de edad y la nena que entonces tenía tres meses, arribó su esposa.
Fue una agonía que se prolongó dos noches con sus días, durante sábado y domingo Ana Luisa olvidó qué hora era, si afuera era de día o de noche, sus niñas la hacían volver al presente cuando el hambre las ponía más inquietas y había que buscar algo de comer. Su familia estuvo con ella, algunos compañeros de su esposo se acercaron y le mostraron su respaldo indignados con lo ocurrido; una comadre fue la que le ayudó con la bebé y la que le pedía a cada momento que descansara un poco. No podía, recuerda, pues su marido seguía en terapia intensiva y la prolongada espera traía a su memoria algunos pasajes de sus 13 años de casada como cuando su entonces novio trabajaba en una cadena de tiendas departamentales, antes de que se enrolara en la Policía, y pudo sacar un crédito para adquirir una pequeña casa del Infonavit de un solo nivel con dos habitaciones y una reducida sala comedor, localizada a la orillas de Culiacán, donde vive con sus tres niñas. “No dormí, me fui para el hospital y ya no dormí desde que me avisaron, hasta la segunda noche dormí como media hora”, recuerda.
La espera terminó poco antes de las 11 de la noche del domingo cuando su marido falleció por la lesión que la bala le produjo en las cervicales. Estaba desconsolada, cuenta, se sentía en medio de un conjunto de sensaciones confusas. “¿Lo pusieron? ¿Lo dejaron morir?”, fueron algunas de las interrogantes que al poco tiempo dejó de hacerse pues el reclamo por los gastos del sepelio y una niña aún brazos ya no la dejaron seguir. El único respaldo económico que recibió en ese momento fue la de los colegas de Juan Roberto, quienes se cooperaron con 200 pesos por persona, para ayudarla en sus primeros imprevistos.
Fue una Navidad triste y un año nuevo gris, en el Ayuntamiento de Culiacán no le quisieron pagar la quincena de octubre que laboró su marido antes de morir, el aguinaldo por 10 meses de servicio se lo negaron así como la prima vacacional que le tocaba por una década que trabajó como Policía, sólo la alegría de las niñas, dice, le dan ánimos para seguir. Porque tres meses después, en su calidad de viuda de un empleado municipal caído en servicio, la aseguradora no le ha pagado la póliza de vida de su esposo y no hay nadie que la apoye para que los obliguen a cumplir. “Me dan largas y largas, me dicen que vuelva la semana que viene, voy y me dicen que todavía no hay nada, así me traen desde octubre”, explica.
Para mantener a las niñas al mes de que enviudó buscó respaldo de la Dirección de Tránsito municipal, insistió para que le dieran la plaza de su esposo y gracias a que tenía estudios básicos obtuvo un empleo administrativo. Los mil 400 pesos al mes que el Seguro Social le otorga de pensión por la pérdida de su cónyuge, resultan insuficientes para las necesidades de la mayor que este año ingresará a secundaria y de la menor que entrará a primaria. “Con las niñas de pura inscripción a la secundaria son mil 200 pesos de una y la otra que va a entrar a la primaria son otros mil, ¿de dónde los voy a sacar?”, pregunta.
En un momento de la plática la niña mayor abraza a su mamá, ambas se miran en silencio, es cuando la señora hace un alto para comentar que no le importa saber quiénes mataron a su marido, que ya los perdonó, de que si fue víctima de la corrupción policiaca en la capital eso es algo que no le interesa. Sus preocupaciones, añade, son otras ya que aún debe 27 mil pesos de gastos funerarios pues el Ayuntamiento no le ha dado un solo peso y debe cuotas del crédito de Infonavit del que no sabe qué va a pasar. “Yo quisiera que me ayudaran con una beca para que las niñas estudiaran, no alcancé fideicomiso (que el Ayuntamiento maneja para apoyar a las familias de policías caídos en servicio) y con lo que gano no me alcanza para mantenerlas”.
La otra cifra
La muerte de Juan Roberto a los 34 años de edad, fue una de 25 que tuvieron los cuerpos de seguridad en Sinaloa durante 2007, un año que sumó un total de 740 ejecuciones, cifra que de 15 años a la fecha en que existe el conteo, rompió récord y colocó al estado como el más violento del país que contabilizó alrededor dos mil 800 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado.
En Sinaloa las ejecuciones tienen también otra lectura. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) considera que el 70 por ciento de los 740 fallecidos tenía entre 25 y 40 años de edad, es decir se encontraban en plena edad reproductiva. Con esta variable se estima que como producto de las ejecuciones del año pasado existen por lo menos mil 400 nuevos huérfanos en todo el estado. La base para el cálculo es un estudio del año 2006 cuando se registraron 602 ejecuciones, cantidad que se tradujo en por lo menos 500 familias disfuncionales y 800 huérfanos.
Para 2007 cada número se incrementó, dice Consuelo Gutiérrez presidenta de la CEDH, “contemplamos un promedio de dos por cada ejecutado, estamos hablando de un aproximado de mil 400 huérfanos, en el supuesto de que sean dos o en algunos casos la variable pueda alcanzar cuatro o ninguno”. Esta abogada, cuya trayectoria viene de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, señala que con el avance de la descomposición social el destino de los huérfanos y las aproximadamente 600 viudas es incierto. “Como no se tiene un diagnóstico claro no se les da atención, no hay un presupuestos pues no se ha considerado como prioridad la atención a víctimas indirectas del delito. Lo que queda es un resentimiento por la muerte del padre, el trauma de los hechos y a futuro la educación de los menores y el apoyo a la vida es incierto”.
En la mayoría de los casos los ofendidos se resisten a recibir ayuda oficial cuando se les ofrece, dice por su parte Noemí Reyes, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría de Justicia del Estado. Los huérfanos o viudas muchas veces desconfían, gran parte de ellos sale de la ciudad, no quiere saber nada y busca reconstruir su vida fuera de donde murió el familiar. “En ocasiones la gente no acepta, no quieren porque dicen que no lo necesitan”. subraya. Esta área centra su trabajo en el apoyo a afectados por violencia intrafamiliar, mujeres maltratadas o menores, explica, por lo que carecen de una estimación específica del número de huérfanos o viudas atendidos.
Cuál futuro
“Cuando eres viuda y empleada eventual en el Gobierno no te pones a pensar qué cosa es eso del futuro”, dice Manuela Gallardo, una mujer de 44 años esposa de un agente de Seguridad Pública municipal ejecutado quien al morir dejó cuatro hijos huérfanos. Empleada en labores de limpieza en el edificio del Ayuntamiento de Culiacán, dice que su día laboral comienza a las siete de la mañana, antes de que entren a trabajar a las oficinas, y no para hasta caer la tarde; en ocasiones le toca venir en sábado o domingo y le pagan horas-extra. Recuerda que al enviudar tuvo que esperar un mes para que le llegara el primer pago de mil 400 pesos de pensión del Seguro Social, cantidad que ha sido siempre insuficiente para mantener a sus hijos varones que en aquella fecha tenían 16, 15, 12 y ocho años de edad.
Para que los chicos fueran beneficiarios del fideicomiso de apoyo a estudios, que otorga a hijos de policías caídos en servicio el Ayuntamiento, han tenido que mantener un promedio escolar mínimo de ocho para recibir mil 402 pesos al mes. Limpiar pisos, oficinas, pasillos y baños es un trabajo que consiguió siete meses después de la muerte de su esposo de manera eventual, pues a la fecha no le han querido dar la base que es lo que siempre ha querido.
La incertidumbre ha sido la misma con otras 45 viudas de policías municipales muertos en los últimos años. A principios de diciembre un grupo de ellas se acercó al Cabildo, que acaba de tomar posesión con el nuevo Gobierno que encabeza el priista Jesús Vizcarra, y buscaron al regidor del PRD Óscar Loza Ochoa, ex presidente de la CEDH. Le expusieron que el Ayuntamiento que presidió el priista Aarón Irizar les empezó a retrasar el pago del fideicomiso para sus hijos mes con mes y para ese momento no tenían ni para pagar la cuota que en las escuelas pedían para las fiestas decembrinas.
Loza dice que investigó y supo que el dinero lo gastó la anterior administración en “contingencias” sin que les importara que estaba destinado a huérfanos. Había un fondo para pensiones de solo 16 mil pesos cuando se necesitaban más de 200 mil, explica, tuvo que presionar al Gobierno entrante para que pagara ó de lo contrario se plantaría con las viudas a las puertas de palacio; ante el anuncio a los pocos días cubrieron uno de los tres meses que debían, poco después llegó el segundo y para el 21 de diciembre se había finiquitado los adeudos.
Pero si hay un adeudo sin cubrir que se escruta a puntualidad entre la opinión pública de Sinaloa es el que el gobernador Jesús Aguilar Padilla contrajo con la familia del fallecido vocero de su Gobierno en materia de seguridad Oscar Rivera Inzunza, ejecutado a unos metros de Palacio de Gobierno en septiembre pasado. Entre gran parte del gremio periodístico hay consenso en que éste es el caso paradigmático que servirá de referencia para juzgar en un futuro a la actual administración. La preocupación entre la mayoría de los reporteros es que, así como Oscar trabajó para garantizar la mejor educación para sus hijos, el Gobierno cumpla su dicho y asegure la formación de los dos niños y la niña que el periodista dejó huérfanos.
