Deberán agentes migratorios conseguir una orden judicial para poder administrar sedantes.
Los agentes de inmigración estadounidenses no deberán sedar a ningún deportado sin contar primero con un permiso de un juez, según un cambio de política emitido esta semana.
Las autoridades de inmigración han reconocido que le aplicaron fármacos psicotrópicos a 56 deportados durante un periodo de siete meses en 2006 y 2007, aunque la mayoría no tenía antecedentes de problemas mentales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) entabló en junio un pleito federal en contra de esa práctica.
Un memorándum interno del servicio estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) emitido el miércoles y obtenido el viernes señaló que los agentes deberán desde ahora conseguir una orden judicial antes de administrar sedantes “para facilitar el retiro de un extranjero”.
“No hay ninguna excepción a esta política”, agregó el memorándum escrito por John Torres, director de detención y retiro de Inmigración y Aduanas.
Para conseguir una orden de sedación de la Corte, las autoridades deberán demostrar que los deportados tienen antecedentes de resistencia física a ser trasladados por la fuerza o de ser un peligro para ellos mismos.
La portavoz de ICE Virginia Kice confirmó la autenticidad del memorándum.
“La sedación médica sólo será considerada como un última instancia”, agregó.
La ACLU demandó que ICE suspenda esa práctica, alegando que podría constituir tortura y que podría violar la Carta de Derechos (en inglés, Bill of Rights), así como las leyes federales con respecto al tratamiento médico de los detenidos.
La querella fue presentada luego de que varios inmigrantes en el sur de California aseguraron que fueron narcotizados o amenazados con serlo mientras el Gobierno intentaba deportarlos a sus países de origen.
Buscan agilizar proceso inmigratorio antes de elecciones
El Gobierno de George W. Bush tiene autoridad para recontratar trabajadores retirados a fin de reducir una acumulación de solicitudes de inmigración que impide a miles de personas obtener la ciudadanía estadounidense a tiempo para votar en las elecciones de noviembre, dijo un senador demócrata.
El senador Charles Schumer, de Nueva York, ha instado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una división del Departamento de Seguridad Interna, a que busque permiso para recontratar a los retirados. El permiso fue concedido el jueves por la Oficina de Administración de Personal.
“Esta es una medida positiva que tiene un gran potencial para agilizar el trámite de las solicitudes pendientes”, dijo Schumer. “Los inmigrantes que cumplen con la Ley y están en fila merecen la oportunidad de la ciudadanía y no un juego interminable”.
Durante el año fiscal 2007 se presentaron 7.7 millones de solicitudes de ciudadanía, residencia legal y otros beneficios inmigratorios. Unos 2.5 millones fueron presentados en julio y agosto.
Las solicitudes provinieron mayormente de personas que buscan la ciudadanía o residencia legal y que deseaban anticiparse a los drásticos aumentos de tarifas impuestos en julio. El costo de la naturalización subió de 330 dólares a 595, mientras que la solicitud de residencia legal pasó de 325 dólares a 905. La tarifa para las impresiones dactilares exigida subió de 70 dólares a 80.
Las autoridades de inmigración anunciaron en noviembre que las naturalizaciones de los que las solicitaran después del 1 de junio tardarían de 15 a 18 meses. Sin la contratación de personal adicional, muchos inmigrantes no podrían obtener la ciudadanía -que les da el derecho al voto- hasta después de las elecciones del 4 de noviembre
