Los padres del sentenciado a muerte no pierden las esperanzas de verlo por última vez.
Las instancias de justicia del estado de Texas le negaron a la familia de José Ernesto Medellín Rojas, mexicano condenado a muerte, la posibilidad de verlo una vez más; pero sus padres no pierden la esperanza de que en el último momento ocurra un milagro y se le otorgue el perdón a su hijo.
Entrevistado en Houston, Texas, en donde radica, Venancio Medellín —padre de José Ernesto— aseguró que “aún guardamos las esperanzas de que ocurra un milagro y que nuestro hijo se salve.
“No sabemos si el lunes ya por la tarde o bien el mismo martes (fecha prevista para la ejecución), unos minutos antes, nos permitan verlo, pero al parecer no será así porque a su abuelita —Eleuteria Almendáriz— no la dejaron que lo viera, ni permiso le dieron, por eso está aquí, en Houston”, añadió Venancio Medellín.
“No te puedo comentar sobre si es inocente o culpable; ese tipo de comentarios nos dijo la abogada que pueden perjudicar el caso, pero lo que sí te puedo decir es que no perdemos la esperanza de que aunque sea en el último momento ocurra un milagro”, reiteró.
María Rojas, madre de Ernesto, sólo dijo: “Pues yo les pediría a todos que recen por José, todos estamos rezando y que independientemente de lo sucedido en el pasado, nadie somos nada para decidir cuándo alguien debe morir o seguir viviendo”.
Medellín Rojas fue condenado a la pena capital en 1994, acusado de participar un año antes en la violación y asesinato de dos menores de edad en Houston, Texas.
De acuerdo con la oficina de la fiscalía general de Texas, Elizabeth Peña, de 16 años de edad, y su acompañante, Jennifer Ertman, de 14 años, caminaban a sus hogares cuando se encontraron con una pandilla en un ritual de iniciación. Medellín y los integrantes de la banda violaron, golpearon y estrangularon a las dos adolescentes, a tal grado que cuando sus cuerpos fueron encontrados sólo pudieron ser identificados por los registros dentales.
Sigue rezando
Eleuteria Almendáriz, abuela paterna de José Ernesto, aunque dijo que no cargó con el santo de su devoción —San Francisco de Asís—, aseguró que a cada instante le sigue pidiendo en sus plegarias que suceda un milagro y su nieto sea perdonado.
“Ya intenté verlo, pero no se pudo”, dijo la mujer de 85 años, que se ayuda con un bastón para caminar o auxiliada por sus familiares, quienes, aseguraron, sus enfermedades le han deteriorado la salud.
“Ando a la vuelta y vuelta. Me siento, me paro y me siento aquí que estoy encerrada. Ahí estamos nada más pensando; en la noche se me quita el sueño y me pongo a rezarle al señor ‘San Francisco’”, añadió.
Eleuteria Almendáriz reza por que se haga un milagro y se ilumine le mente y el corazón del gobernador de Texas, Rick Perry, para que se apiade de su nieto.
“Al señor Perry, que nos ayude para que eso no suceda; que mi Dios le ablande su corazón, el señor San Francisco que le dé brillo en la mente. ¿A poco el señor éste (el gobernador) no tendrá familia?”, insistió.
Estado inflexible
De acuerdo a comparativos realizados por consultores internacionales, está comprobado que el estado de Texas no sólo es inflexible en lo que a pena de muerte se refiere, sino que incluso es uno de los que más ha gastado en los últimos años para la aplicación de este castigo.
Según las estadísticas del departamento del Tesoro texano, la justicia en esta entidad ha gastado tres veces más presupuesto anual que el resto de los estado del país para la aplicación de la pena de muerte.
En otras palabras, se han erogado 33 millones de dólares anuales durante los últimos seis años para la aplicación de la pena de muerte, mientras que estados como Nueva Jersey, desde 1983 la cifra no supera los 10 millones de dólares anuales.
A estas cifras habría que sumar el costo de mantenimiento del sistema penitenciario, no incluido en los datos anteriores y el cual no es proporcionado por las autoridades estadounidenses.
Ejecución de mexicano costará 86.08 dólares
Acabar con la vida de José Ernesto Medellín Rojas, el mexicano condenado a muerte por el estado de Texas, le costara al erario estadounidense 86.08 dólares, que es el valor de los tres químicos que le inyectarán, más la jeringa.
De acuerdo a las autoridades del Pabellón de la Muerte (Death Row) del departamento de justicia Criminal de Texas (TDJC por su siglas en inglés), dichas sustancias son: cinco gramos de tiopental de sodio para dejar inconsciente al sujeto, entre 50 y 100 de bromuro de pancuronio encaminado a detener el funcionamiento de los pulmones, y entre 50 y 100 de clorhidrato de potasio para provocar un paro cardiaco.
Aparte, a dicha cantidad habrá que añadir el costo que implica la presencia en ese pabellón de tres médicos, ya que uno es el que aplica la dosis letal al condenado a muerte, pero nadie de ellos conoce quién la porta, ya que la ética de un especialista en medicina versa en torno a preservar la vida, no a quitarla. Además de una enfermera que se encarga de supervisar el proceso.
