Una nueva Ley decretada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obliga a los ciudadanos a informar sobre las actividades de sus familiares, vecinos y conocidos para evitar la cárcel. (Archivo)
Obligan a ciudadanos a convertirse en informantes del Gobierno so pena de ser encarcelados.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, utilizó sus poderes de decreto para llevar a cabo una revisión general de las agencias de Inteligencia del país, lo que ha desatado una feroz contraofensiva de grupos de derechos humanos y estudiantes, quienes afirman que la medida obligará a los ciudadanos a informar sobre las actividades de sus familiares, vecinos y conocidos para evitar la cárcel.
Bajo la nueva Ley de Inteligencia, que entró en vigor la semana pasada (28 de mayo), los dos servicios principales de Inteligencia de Venezuela, la Policía Secreta DISIP y la Agencia Militar de Inteligencia serán reemplazadas por dos nuevas la Oficina General de Inteligencia y la Oficina General de Contrainteligencia, que están bajo el control de Chávez, informa el diario The International Herald Tribune.
La nueva Ley obliga a los ciudadanos a presentarse en las agencias, ante la Policía Secreta o grupos comunitarios de activismo leales a Chávez. El negarse a ello puede conllevar una pena de cárcel de entre dos y cuatro años para la mayoría de la gente, y de seis para los empleados gubernamentales.
“Nos enfrentamos a medidas que son una amenaza para todos nosotros”, dijo Blanca Rosa Mármol de León, una juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un raro pronunciamiento judicial público. “Tengo la obligación de decirlo, como ciudadana y como juez. Este es un paso hacia la creación de una sociedad de informantes”.
Los cambios en los sistemas gubernamentales de Inteligencia reflejan un esfuerzo de Chávez para ejercer mayor control sobre las instituciones públicas, tras una incómoda derrota en diciembre sobre un paquete de reformas constitucionales que habrían incrementado sus poderes.
Mientras Chávez y el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacón, aseveran que la norma garantiza la “seguridad nacional” frente a los “ataques imperialistas”, académicos la consideran “regresiva” en materia de Derechos Humanos y, por tanto, “inconstitucional”.
La abogada penalista y profesora de Derecho Penal y Procesal de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vázquez, dijo que la Ley es “muy represiva”, y puede ser utilizada como “un instrumento de persecución”.
A su juicio, la norma, aprobada por decreto presidencial la semana pasada, “va en contra de la Constitución de 1999’” porque “quita atribuciones” que pertenecen ‘“constitucionalmente” al Ministerio Público.
