La tragedia en el antro capitalino New’s Divine refleja en toda su magnitud la improvisación de nuestras autoridades, en este caso, las del Distrito Federal. El caso manifiesta plásticamente la ejecución de una decisión pública, que en lugar de resolver el problema que pretende atender, ocasiona uno peor. Además muestra una cadena de errores que, en este caso, lamentablemente provocó una tragedia.
La discoteca carecía de algunos de los indispensables requisitos para operar legalmente, entre los que destaca el carecer de una salida de emergencia disponible; operaba con sobrecupo; y, entre otras de las flagrantes violaciones que deberían haber conducido a la revocación del permiso, permitía el ingreso de menores y les vendía bebidas alcohólicas. Así desde el punto de vista administrativo dicho negocio no debía estar operando.
Pero lo más crítico es la forma de actuar de la Policía capitalina, pues demuestra la ausencia total de planeación y acción de Inteligencia previa. Hay acciones y medidas de sentido común que ayudan a evitar tragedias y permiten minimizar los costos de las operaciones policiacas. La lógica indica que antes de enviar a la Policía a un antro repleto de jóvenes (menores o mayores de edad) que supuestamente (de acuerdo a las denuncias) se encuentran bajo el influjo de las drogas y el alcohol, se realice una labor de Inteligencia y planeación del operativo, además de contar con un protocolo mínimo de operación para evitar o, por lo menos, reducir las probabilidades de una tragedia.
Hoy se sabe que el operativo se programó con antelación, pues de acuerdo a las declaraciones de Guillermo Zayas, responsable del mismo, él lo informó desde el jueves por la mañana a la Delegación y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Esta negligencia de la autoridad, que en este caso es la directamente responsable de la tragedia, pues ésta no hubiese ocurrido sin la presencia policiaca en el lugar, lleva al punto central: la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Hasta estos momentos todo indica que las posibles sanciones recaerán en mandos menores, pues el de mayor nivel que se encuentra implicado es el ex jefe de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero, Guillermo Zayas, es decir, un mando estrictamente policiaco, a quien se acusa del homicidio doloso de las 12 víctimas del operativo, lo cual implica –de acuerdo a la definición de doloso— que lo hizo deliberadamente, lo cual no parece creíble.
En sus primeras declaraciones el secretario de Seguridad Pública capitalino, Joel Ortega, responsabilizó de los hechos al encargado del antro, pues según él tomó el micrófono para enardecer más los ánimos, sin embargo, hoy ha quedado claro, que toda la responsabilidad fue de los policías al bloquear la salida de los jóvenes e incluso la PGJDF ya descartó el consumo de droga en el lugar.
Igualmente hoy se conocen los múltiples abusos que cometieron las autoridades: primero, los policías que golpearon y robaron a los jóvenes; y, después, los responsables del Ministerio Público que más allá de criminalizarlos, los fotografiaron, desnudaron y aparentemente hasta abusaron de algunas jovencitas.
Hasta hoy el único actor político afectado por los lamentables acontecimientos es el delegado de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, que se vio obligado a pedir licencia de su cargo para no entorpecer las investigaciones. Pero los responsables políticos de las dependencias involucradas en los atropellos y abusos, Seguridad Pública y Procuraduría, pretenden hacer pagar los costos a los mandos medios, pero eludir cualquier responsabilidad directa en los acontecimientos.
Ciertamente los operadores directos y los participantes en el operativo tienen responsabilidades y deben ser sancionados por ello; pero no es creíble que el coordinador de la Unipol haya sido el mando de mayor nivel que intervino en la decisión. Lo más probable es que el delegado, el titular de Seguridad Pública o el mismo procurador, autorizaron su realización, si no es que directamente tomaron la decisión de hacerlo.
Y esto es un aspecto crítico: las separaciones (que en muchas de las ocasiones simplemente quedan en eso, la remoción del mando –político o técnico— sin mayor sanción) no siempre recaen sobre los verdaderos responsables, sino sobre chivos expiatorios que obviamente son recompensados por su sacrificio.
Aunque hay que reconocer que han sido las mismas autoridades capitalinas las que han difundido la información que hoy se conoce, es un hecho que sus acciones están más encaminadas al control de daños, es decir, a minimizar las consecuencias políticas sobre el Gobierno capitalino, que a encontrar a los responsables de la tragedia y los abusos y atropellos de los jóvenes, así como, a sancionarlos conforme a derecho.
Esta es precisamente una de las grandes carencias del régimen mexicano: la ausencia de mecanismos adecuados de rendición de cuentas; lo que se traduce en la absoluta impunidad de nuestros gobernantes, que pueden atropellar o abusar de su poder o simplemente actuar negligente y torpemente sin sufrir las consecuencias.
La verdadera e inaplazable reforma que requiere México es la plena vigencia del Estado de Derecho, que empieza precisamente por la auténtica rendición de cuentas de las autoridades; y esto únicamente requiere la voluntad política de los gobernantes, pues las leyes contemplan los instrumentos y normas para ello.
Esa es la verdadera disyuntiva frente a esta lamentable tragedia: convertirla en un auténtico parteaguas de la vida política nacional o, simplemente, en otra deplorable catástrofe más, que después de unos días de ocupar los principales espacios noticiosos se olvida para la mayoría de los mexicanos.
