Investigaciones inconclusas y contadas detenciones marcan los casos de militares y policías que han sido ejecutados durante la guerra contra el narcotráfico.
El 14 de mayo de 2007 fue ejecutado el jefe de Inteligencia de la PGR, José Nemesio Lugo Félix, en la Ciudad de México. Fue el primer alto mando asesinado durante el Gobierno de Felipe Calderón.
El embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, lamentó en un comunicado la muerte del jefe policiaco, y lo recordó como un hombre dedicado y profesional: “(un) hombre de principios e incansable luchador contra el crimen”.
Nueve meses después del homicidio, la PGR anunció que había identificado a los asesinos. “Son delincuentes locales”, dijo Víctor Corzo, subprocurador de Control Regional de la dependencia.
Sin embargo, aún no se sabe quién mató al entonces recién nombrado director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR. Luego de 14 meses no hay detenidos por el crimen.
El 8 de mayo pasado, a casi un año de ejecución de Lugo Félix, la Ciudad de México volvió a ser escenario de la violencia del crimen organizado hacia las fuerzas de seguridad. Fue ejecutado Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, dentro de la casa de sus padres.
Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón encabezó una ceremonia luctuosa en el Campo Marte para homenajear a Millán. Al evento asistió todo el Gabinete de Seguridad.
“Nos encontramos reunidos para rendir homenaje al comisionado Édgar Eusebio Millán Gómez, quien con enorme entrega, voluntad y profesionalismo dedicó su vida para luchar en contra del crimen organizado”, dijo ese día el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recordando al funcionario de seguridad de más alto rango asesinado este sexenio.
Seis personas fueron capturadas, empero, la PGR sólo pudo procesar a una por el asesinato, Alejandro Ramírez Báez, quien fue aprehendido en el lugar de los hechos después de haberle disparado a Millán. Ramírez Báez confesó el crimen y se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Pero la PGR no pudo reunir las evidencias suficientes para procesar a los otros cinco detenidos por el homicidio –las acusaciones se sustentaban en notas periodísticas. Tres salieron libres y uno, el policía federal José Antonio Martin Montes Garfias, presunto autor intelectual del asesinato, fue procesado por otros delitos.
Los homicidios de Lugo Félix y Millán se unen al de otros 27 elementos de las fuerzas de seguridad asesinados durante este sexenio que han merecido homenajes del Gobierno de México o mensajes de condolencias de Estados Unidos.
Sin embargo, ni siquiera estos casos de mayor relevancia han sido resueltos: sólo hay 17 detenidos por la muerte de tres elementos de las fuerzas de seguridad.
Además de los detenidos por el asesinato de Millán, la justicia mexicana tiene en su poder a 13 consignados por la muerte de cinco militares emboscados el primero de mayo de 2007 en Carácuaro, Michoacán, que se encuentran recluidos en penales de ese estado aunque no se ha demostrado su relación con la emboscada, y un detenido por la ejecución de Roberto Velasco Bravo, director de Análisis Táctico de la AFI, ocurrida el primero de mayo pasado.
No se han reportado detenidos en los demás casos, entre los que se encuentran los homicidios de otros tres altos mandos policiacos: el director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la PFP, José Aristeo Gómez Martínez; el coordinador del área de contrabando y piratería de la PFP, Igor Labastida Calderón, y el secretario de seguridad pública del estado de Hidalgo, Marcos Manuel Souberville.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la falta de resultados en la integración y consignación de las averiguaciones previas relacionadas con el narcotráfico fue uno de los elementos que propició la renuncia de Noé Ramírez Mandujano como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el pasado 31 de julio.
Sin embargo, al dar a conocer oficialmente su reestructuración interna y anunciar la llegada de Marisela Morales Ibáñez a la titularidad de la SIEDO, la PGR estableció en un comunicado de prensa que se enfocará en “la atención especial y prioritaria” de los secuestros. El esclarecimiento de los homicidios de elementos de seguridad no es prioridad.
Salvoconducto para la impunidad
Para Guillermo Zepeda Lecuona, coordinador del proyecto “Justicia, crimen y derechos humanos” del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), la justicia mexicana propicia la impunidad de las ejecuciones.
“Etiquetar un homicidio como ejecución es un salvoconducto para la impunidad”, ya que los casos de ejecución difícilmente son esclarecidos, señala Zepeda. No existe interés de la justicia mexicana para sistematizar información oficial sobre estos casos oportunamente, dice, lo que provoca que las ejecuciones tengan el signo indeleble de la impunidad, sean los asesinados narcotraficantes, civiles o altos mandos de seguridad.
“En lugar de decir en cuánto tiempo se va a esclarecer el asesinato o si hay una línea de investigación, lo primero que hace la autoridad es sacar el currículum delictivo del ejecutado, para que la gente piense ‘se lo merecía’”, declara.
Un problema más, dice Zepeda, es que los homicidios perpetrados por el crimen organizado siguen siendo delitos del fuero común, por lo que les toca a las procuradurías estatales resolverlos.
“El homicidio es un delito contra los códigos penales locales. Sólo los conoce la autoridad federal cuando lo atrae. El año pasado fueron apenas 73 los homicidios que se castigaron de acuerdo con la legislación federal porque fueron atraídos”, señala.
