Las anomalías encontradas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la Auditoría Superior de la Federación -como son el subejercicio de 15.5 millones de pesos y la falta de comprobación de 100 millones en 2006- son consecuencia de la carencia de un reglamento interno, advirtieron miembros del sindicato de este instituto.
De acuerdo con integrantes del comité ejecutivo de la Delegación Sindical de Investigadores y Académicos del INAH, hasta el momento las autoridades del instituto no han mostrado disposición por elaborar una reglamentación, aun a sabiendas de que ese vacío es causa de desorden en el funcionamiento de la institución.
“El INAH no cuenta con el reglamento interior que manda la Ley Orgánica, y por lo tanto, no cuenta con disposiciones que den orden, claridad, desarrollen o expliquen los principios generales de la institución”, comentó Cuauhtémoc Velasco Ávila.
Para el secretario general de la delegación D-II-IA-I de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ese hueco legislativo provoca diversas irregularidades con los permisos otorgados en zonas arqueológicas.
Explicó que a pesar de que la reglamentación del INAH sólo estipula que en los sitios se podrán hacer actividades de carácter cívico o cultural, en la realidad se emplean para conciertos masivos.
Los miembros del sindicato también se mostraron sorprendidos de que en el Programa de Trabajo 2007-2012 el INAH se preocupe por asuntos como el turismo cultural, cuando esa función no le compete. Hizo énfasis en que la principal misión del instituto es la investigación, restauración, resguardo y divulgación de las zonas y sitios arqueológicos; sin embargo, esos puntos son considerados como secundarios en ese proyecto.
En rueda de prensa, Felipe Echenique, miembro del sindicato, advirtió que funcionarios del INAH están promoviendo, de manera interna, un reglamento para otorgar permisos y autorización en las zonas de monumentos arqueológicos para eventos de diversa índole.
Frente a ese contexto, señalaron como urgente la realización de una reglamentación por escrito de las atribuciones del instituto y de las principales tareas, además de definir el carácter jurídico del patrimonio arqueológico, ante el riesgo de que algunas zonas pudieran quedar en manos de particulares.
Aunque aún no tienen un plan de acción ante esas irregularidades, los miembros del sindicato anunciaron que será a más tardar en mayo cuando den a conocer sus acciones con el fin de obligar a los funcionarios en comenzar a elaborar una reglamentación interna.
