La resolución de asuntos centrales en el porvenir inmediato está en el limbo y, por lo mismo, al país –como tantas otras veces– comienza a ensombrecerlo la nube de la incertidumbre.
Los ministros tienen en sus manos el destino de la reforma electoral; los legisladores y los funcionarios, el de la reforma petrolera; el Ejecutivo, el tino de las medidas diseñadas para contener la adversidad económica; el Banco de México, las tasas de interés; y el Senado estadounidense, la ayuda contra el narcotráfico que, absurdamente, descuidaron el Congreso y el Ejecutivo mexicano...
Todo eso está en el aire y, obviamente, la confianza no sólo económica sino también política y social se está vulnerando. Tal circunstancia está sentando las bases de una situación particularmente peligrosa, aquella que podría hacer de un mejor futuro el peor pasado. Es preciso desvanecer, al menos en parte, aquella nube.
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Inconmovibles frente a la circunstancia los ministros de la Suprema Corte preparan sus tradicionales vacaciones de verano, sin importarles mayor cosa los pendientes.
Varios asuntos trae en cartera la Corte –los amparos contra la reforma del ISSSTE, la controversia sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal y el caso Atenco, entre otros–, pero hay uno que en cuestión de semanas podría desatar una crisis: los amparos interpuestos contra la reforma electoral.
Aquella reforma constitucional que más de un político buscó apadrinar como si fuera su pase automático a la precandidatura presidencial de 2012 hoy se encuentra huérfana. La reacción de los concesionarios de radio y televisión, de parte del empresariado, de un grupo de intelectuales y de la chiquillada partidista ha hecho que los padrinos-legisladores de la reforma se desentiendan de ella. El poder fáctico trae amedrentado al Poder Legislativo.
Hoy, la validez o invalidez constitucional de esa reforma está en manos de los ministros y el calendario reclama con urgencia conocer su suerte. La cuestión es tan simple como peligrosa. Median apenas 21 días para darle certidumbre jurídica a la elección del año entrante o, bien, para abrirle la puerta a una crisis político-legislativo-electoral.
El calendario es claro al respecto. La elección del año entrante arranca el próximo primero de octubre y cualquier cambio o ajuste legislativo-electoral exige operarlo 90 días antes de aquella fecha. Si los ministros invalidan la reforma electoral, la enmienda legislativa correspondiente tendría que operarse a más tardar el próximo 28 de junio. Sí, máximo en tres semanas.
Si la resolución judicial se da apenas unos días antes o después de ese día de junio y exige una enmienda, la legislación electoral quedará hecha un margallate. Se daría un desajuste entre la legislación constitucional y la reglamentaria o, en el mejor de los casos, se legislaría contra la pared, pero en cualquier caso, se agregaría un elemento más a la incertidumbre política y jurídica... y electoral. ¿No sería conveniente tener certeza en esa materia y salir de dudas cuanto antes? ¿Es mucho pedirle a los ministros prestarle atención a ese asunto?
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De error en error marcha la estrategia gubernamental –si así se le puede llamar– en relación con la reforma petrolera.
Mal emplazada en el calendario, pobre en su concepto y argumentación, desarticulada brutalmente en su defensa y sin un cronograma posible, el curso de la iniciativa presidencial lo marcan las oposiciones perredista y priista. Puede quejarse el Gobierno de tanta malicia oposicionista, pero su ingenuidad no tiene límite. La estrategia de Pulgarcito para no perderse en el bosque es más rica que la del Gobierno para conducir esa iniciativa. De la idea de sacarla adelante a finales de abril, el Gobierno ya está metido en el debate de si es legal o no la consulta planteada por el perredismo y, ahora, hasta salir a la calle se plantea. Es increíble. Ni siquiera saben el Gobierno, el partido y sus legisladores quién se comió las migajitas que marcaban el sendero de la reforma.
Si el Gobierno no quiere generar mayor incertidumbre en relación con su capacidad para lanzar y conducir sus iniciativas tiene una opción: cambiar la agenda del debate político, poniendo el foco en otro asunto igualmente importante; o, bien, retirar la iniciativa petrolera original y determinar si puede plantear otra con mucho más inteligencia. ¿No convendría, aunque fuera extraordinario, reconocer la realidad?
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En relación con el asunto anterior, el Gobierno tiene frente a sí otra iniciativa que a veces mira con patriotismo y a veces como dádiva graciosa: el Plan Mérida.
Ese tema podría constituirse en la puerta de salida al fracaso de la reforma petrolera. En esa materia, el Gobierno mexicano coincide con su homólogo estadounidense pero no con el Congreso de ese país y, absurdamente, no enfoca de esa manera el asunto. No se apoya en la Administración bushista ni lanza una ofensiva de cabildeo en el Congreso estadounidense y, entonces, el esfuerzo de su lucha contra el narco –con un altísimo costo humano y económico– comienza a percibirse como otra derrota.
Si de reivindicar su estrategia contra el crimen organizado y de comprometer –como corresponde– en esa lucha a Estados Unidos se trata, el Gobierno mexicano tendría que alinear y unificar su postura frente al Plan Mérida. Alinearla hacia dentro del propio Gobierno con las dependencias involucradas en el tema y unificarla con el Legislativo mexicano. El asunto es importante por varias razones: le da a la Administración la oportunidad de cambiar la agenda del debate nacional, de comprometer a distintos actores nacionales y estadounidenses, de reivindicar su capacidad de iniciativa y, en la firmeza e inteligencia de la actuación, de recuperar confianza en su actuación. ¿No convendría restarle gramos a la incertidumbre, al menos en ese rubro?
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El debate que en materia petrolera el Gobierno rehúye es el que en materia de tasas reclama al Banco de México.
Sin entrar a esa curiosa contradicción donde hay asuntos susceptibles de debatir y otros no, el Gobierno debería definir con mayor decisión su postura. Si los operadores económicos y financieros del Gobierno discrepan del Banco de México y están seguros de la necesidad de reducir las tasas, entonces, tendrían que empeñarse en defender su causa.
Ese asunto es central en la forma de encarar la adversidad que amenaza crecientemente la situación económica, cifra el éxito o el fracaso de la estrategia. Conducirse con titubeos sólo abona la incertidumbre y, entonces, ahí hay una decisión urgente.
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El deterioro de la situación política, económica y social es de tal vértigo que amenaza con la degradación.
Hay variables que, por su naturaleza exógena, escapan al control nacional. Hay otras que no. En estas últimas es donde es preciso actuar para achicar la nube que ensombrece al país. Es ineludible la responsabilidad del Ejecutivo en el asunto, pero es innegable que la circunstancia involucra al Judicial y al Legislativo, como no menos a los partidos en su conjunto.
Es hora de apostarle al futuro sin confundirlo con un pasado conocido.
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