En la Policía Federal se han cometido irregularidades en los exámenes de detección de drogas y se aceptó a agentes que dieron positivo. (Archivo)
Traspasan a AFI’s sin examen, entre ellos dos involucrados en secuestros.
Los exámenes de control de confianza para ingresar a la Policía Federal o a la AFI no son garantía de limpieza en las corporaciones, pues algunos elementos han sido aceptados pese a que reprobaron, y otros fueron admitidos sin hacer las pruebas.
En 2007, de acuerdo con una denuncia investigada por la Visitaduría General de la PGR, se cometieron irregularidades en los exámenes de detección de drogas y se aceptó a agentes que dieron positivo.
En marzo pasado, en una carta enviada al presidente Felipe Calderón, el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, reportó que 12 comandantes se dieron de baja de la AFI e ingresaron a la PFP sin haber pasado los controles de confianza.
Éstos incluyen la prueba del polígrafo, exámenes psicológicos, estudio socioeconómico y pruebas toxicológicas.
En 2006, funcionarios del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano de la PGR amagaron con renunciar porque pretendieron obligarlos a firmar 962 evaluaciones de agentes federales de investigación sobre los que no tenían certeza de los resultados de sus evaluaciones. Incluso, en diciembre de ese año, 839 elementos de la AFI fueron transferidos a la Policía Federal sin el control de confianza, como exige el reglamento para integrar el Servicio Civil de Carrera.
Entre ellos figura la subinspectora Lorena González Hernández, actualmente detenida por su presunta complicidad en el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí.
También es el caso de la agente Sonia Virginia Bastida Morales, alias “La Comandante”, detenida en Monterrey junto a dos cómplices, sospechosa de participar en el secuestro del cuñado del secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci, en abril pasado.
De ese grupo, 689 entraron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, el resto fue a Seguridad Regional, específicamente a la Dirección de Puertos y Fronteras.
Fuentes de la PGR señalaron que los exámenes también suelen ser utilizados para despedir a los elementos que ya no quieren en la corporación.
Agregaron, la normatividad de la dependencia le otorga al titular del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, en este caso Rogelio López Maya, la facultad de modificar los fallos al interior del organismo a pesar de que se trata de un órgano colegiado, en el cual intervienen los titulares de las áreas toxicológica, poligráfica, sicológica y la de entorno social.
Genaro García Luna, titular de la SSP, admitió, durante su comparecencia en el Senado, que actualmente se realizan exámenes de control de confianza para detectar “delincuentes infiltrados”.
Diputados piden resolver conflicto
Diputados federales de Oposición urgieron a que lo antes posible se resuelva el problema derivado de la integración de los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a la Policía Federal Preventiva.
El presidente de la Mesa Directiva, César Duarte Jáquez, dijo que preocupa que los cuerpos de seguridad del Estado que deberían estar centrados en el combate al crimen se distraigan en conflictos internos, por lo que urgió una solución inmediata.
A su vez, el líder de los diputados del PRI, Emilio Gamboa Patrón, subrayó que lo que ocurre muestra la descoordinación que existe entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Al respecto, el perredista secretario de la Comisión de Seguridad Pública, David Mendoza Arellano, aseguró que una medida política sólo desmantela la organización, contrario a la búsqueda de unidad que se requiere en esas áreas de seguridad por el clima de violencia que hay en el país.
Proyectan superpenal
La Secretaría de Seguridad Pública busca edificar un penal de super máxima seguridad, como parte de una estrategia penitenciaria integral, que sería el primero en su tipo en el país.
La dependencia proyecta establecer una prisión cuyo concepto es conocido como “Supermax”, el cual fue desarrollado en la década de los 80 en Estados Unidos para tener bajo control internos agresivos que son considerados un peligro extremo.
Se trata de una instalación de férrea custodia en la que el preso se encuentra aislado la mayor parte del día en una celda y generalmente bajo vigilancia de cámaras de circuito cerrado.
En EU existen unas seis cárceles con esas características, de las cuales sólo una es federal y el resto pertenece a los estados.
Para la SSP, el establecimiento de una prisión “Supermax” es una medida necesaria para reforzar la estrategia del Gobierno Federal contra la delincuencia organizada.
