La inseguridad que padece el país en estos momentos tiene varios antecedentes. El desprecio a las normas morales que prevalece en la población, al que se añade el alto índice de desempleo que deja a la gente con pocas opciones para ganarse la vida fuera del ambulantaje, la emigración o el delito. La constante impunidad que goza el crimen viene a cerrar el círculo y agrava lo que puede reconocerse como una lamentable falta de la cultura de la denuncia.
El Estado es, desde luego, el encargado de la defensa de la vida y pertenencias de los ciudadanos. Esta responsabilidad es indeclinable y significa que no se vale argüir que los ciudadanos andemos armados como en los tiempos cuando cada quien tenía que defenderse a capa y espada contra cualquier asaltante o malandrín callejero. En Estados Unidos, gracias al cabildeo de un poderoso grupo de opinión, hasta las más temibles armas están al alcance de todos ya que pueden comprarse en tiendas que son como supermercados. Los asesinatos y matanzas que ocurren en esa sociedad son el resultado funesto y del que dan cuenta los medios de todo el mundo.
Para que la protección civil funcione hay que realizar las reformas que el sentido común dicta en los aparatos policiales y de vigilancia. La propuesta de desaparecer la Policía Judicial en el Distrito Federal anunciada por el jefe de Gobierno, es alarmante por la inutilidad de caer en el ya conocido recurso de eliminar organismos y sustituirlos con otros con los mismos objetivos y hasta con los mismos vicios. Peor todavía cuando, como lo admitió el licenciado Marcelo Ebrard, el personal podría ser el mismo o, lo que es peor, el antiguo desechado por corrupto, es liberado dándole carta blanca para cometer sus fechorías sin control alguno.
Las reformas que se requieren en el campo policial comienzan por depurar la cadena de mandos procesando judicialmente a los jefes que se enriquecen extorsionando a sus inferiores. Hay que perfeccionar un padrón compartido entre todos los organismos del país que describa los antecedentes policiacos de cada elemento y así terminar con la incongruencia de que el individuo cesado de una corporación encuentre de inmediato acomodo en otra.
Un tercer paso es vigilar que las escuelas de policías inculquen los valores éticos que garanticen la honorabilidad de la institución. Esta intachable reputación es celosamente cuidada por las policías europeas como la española. No debemos admitir que nuestras normas de conducta sean inferiores. El esquema requiere ser completado con salarios suficientes y seguros de vida que den tranquilidad al policía y a su familia.
El tema de los castigos a los malhechores viene a cuento. La indignación nacional por la impunidad que reina en nuestro país explica que el 75% de los encuestados por la Agencia Mitofsky apoye la pena de muerte. Proscrita ésta en México, la cadena perpetua, para efectos prácticos ya aplicada, debe ser formalizada como lo propone el presidente de la República. Cualquier castigo, tiene que complementarse con regímenes penitenciarios que terminen con que los reclusorios sean escuelas del crimen y, lo increíble, centrales de telefonía celular donde se prepara y controla todo género de delitos. Hay que instaurar sistemas que además de enseñar oficios productivos se reforme la psicología del reo con sesiones de rehabilitación moral. Métodos como el Yoga son ya aplicados con sorprendentes resultados en las cárceles de casi todos los países asiáticos y en algunas norteamericanas. En México su incipiente uso tiene que extenderse a todas las cárceles.
Los ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades la protección que merecemos. Ello requiere estar en directa comunicación con los gobernadores, presidentes municipales y jefes de Policía para mantener abiertas las vías de contacto y vigilancia. Aunque esta tarea es más fácil en comunidades más pequeñas que en las megalópolis como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, en éstas pueden montarse sistemas de comunicación por distritos, sectores, barrios y manzanas.
A nuestro nivel particular, la guerra contra los que atacan, secuestran y despojan requiere que los miembros de cada familia estén bien comunicados a través de redes telefónicas que incluyan vecinos y conocidos a fin de estar localizables para casos de emergencia. Los celulares, necesarios para contar con información instantánea, tienen que usarse inteligentemente en lugar de aislar peligrosamente al individuo de su entorno inmediato con programas de sonidos estultificantes. Hay que establecer una relación operativa entre los padres de familia y los directores de las escuelas para afinar conjuntamente procedimientos de seguridad en el plantel y en las rutas del transporte escolar para los niños y jóvenes.
Hace muy pocos años los mexicanos fuimos capaces de organizarnos para promover las reformas electorales que nos dieron un magnífico sistema ciudadanizado de operación y vigilancia electoral. El IFE y el Tribunal Electoral encabezan una red que funciona en los tres niveles de Gobierno y es ejemplo para muchos países. El reto de hoy es análogo y las acciones de organismos como México Unido Contra la Delincuencia que está reclutando la energía suficiente para hacer un frente común para vencer al crimen.
Las marchas y demás reacciones al escenario de inseguridad son necesarias para templar la decisión de actuar. Pero se trata de actuar de verdad. De lo contrario, las cosas seguirán igual en el plano del simple anecdotario reduciendo este problema nacional a recriminaciones estériles.
Coyoacán, agosto de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
