La inseguridad llegó a límites intolerables, conmoviendo a la sociedad mexicana que responde con manifestaciones de repudio y exigencia a las autoridades, quienes han sido acusadas de incapaces y negligentes, recibiendo la demanda determinante: “que dejen el puesto si no pueden resolver el problema”.
El estado de preocupación y ansiedad ha generado un sentimiento de “sitiado psicológico”, que hace a los padres de familia temer por los hijos y éstos sentirse reprimidos en su ejercicio de libertad. Los gobernantes se encuentran ante una encrucijada difícil de resolver: la inseguridad padecida es resultado del proceso paulatino de profundización en ineficiencia, impunidad y corrupción, ante la falta de vocación política; ahora, estalla el conflicto con múltiples aristas, hasta hacernos reflexionar sobre la pena de muerte a quienes se les demuestre culpabilidad.
La pena de muerte es tema serio a discutir; algunos hablan sobre la imperiosa necesidad de combatir eficientemente a la criminalidad, que a la fecha cuenta con múltiples recursos para alcanzar impunidad y en el mejor de los casos, representa un costo social medible en pérdida de calidad de vida, estado generado por un grupo de incorregibles; por la otra, los defensores del respeto a la vida humana, aún esté manifiesta en individuos de la más baja estatura ética o moral y el temor de que ese “instrumento de poder” sea utilizado con fines represivos.
La violencia y la criminalidad representan costes económicos y sociales crecientes; los países que la padecen –como el nuestro– muestran sistemas socioeconómicos erosionados y democracias insipientes debilitadas; deterioro de la integración social, impactando negativamente el crecimiento y desarrollo general; ahuyenta la inversión, erosiona la legitimidad del Estado y promueve la desconfianza.
Además: obstruye el proceso democratizador y disminuye la calidad de vida de los ciudadanos; lo más triste, decrecen las posibilidades de encontrar vías eficientes de desarrollo sustentable, que sean verdaderamente sensibles en las necesidades de los más pobres.
Ante el problema generado, los políticos se muestran incapaces y en el mejor de los casos ineficientes, recurriendo a actitudes populistas que les dan tiempo para terminar su período y heredar el problema “al siguiente”. En consecuencia: la confianza de los ciudadanos decae, cerrándose el círculo vicioso, con detrimento democrático y mayor dificultad para gobernar.
La presencia del ejército, en actividades de protección de ciudadanos y sus bienes, es claro ejemplo de medida extrema, que genera incertidumbre democrática, apareciendo otras dos tendencias: la de aquellos que se oponen a que los soldados ofrezcan servicios de seguridad y prevención del delito, por considerarlos no capacitados; y quienes aceptan, gustosos, su presencia en las calles, inclusive sometiéndose a procedimientos como el cateo, a cambio de sentir seguridad.
Los expertos, reconocen factores de riesgo que llevan a la inseguridad, encontrando algunas constantes; entre ellas: debilidad de los estados; inequidad en la distribución de riqueza; diferencias en el acceso a la ley y la justicia; narcotráfico; circulación clandestina de armas; instalación del crimen organizado y su vinculación con redes internacionales, entre otras. Pongamos “palomitas” en todas.
Es resultado de un proceso que tardó años en gestarse y que ahora requiere la participación ciudadana y eficiencia de las autoridades.
El tratamiento de la “enfermedad social” tiene múltiples enfoques: educar; asegurar el acceso a la información, que permita generar datos estadísticos que cuantifiquen y cualifiquen el avance o retroceso del problema y de seguridad del saber para poder actuar; establecer políticas congruentes en el combate a la delincuencia, incluyendo la coordinación entre los poderes de la nación; un sistema de protección ciudadana, con un mando policiaco único para todo el país; y, desde luego, garantizar procedimientos, para que se aplique la ley en igualdad y se combata de fondo la impunidad.
También habrá que cuidar la atención de la salud de drogadictos y personas en riesgo de caer en farmacodependencias. Llegar a prevenir, más que lamentar.
Las actitudes de partidos y políticos es importante: resulta imprescindible sumarse al esfuerzo por el bien nacional, renunciando a “ismos” e intereses particulares; detener la agresión a las instituciones, porque en Latinoamérica, está demostrado, es influencia negativa en el combate a la violencia, deteriorando áreas importantes como la económica y del desarrollo social. La experiencia internacional confirma nuestras deficiencias, …¿verdad?
Expertos latinoamericanos declaran que: “es la convergencia de muchas deficiencias sociales y políticas”; “obstáculo para el desarrollo humano, al limitar las posibilidades individuales en definir y aplicar un proyecto de vida”; “erosiona la cooperación y vida cívica” y “es generadora de pobreza material”… y hasta espiritual.
Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan; la violencia genera ingobernabilidad, debilita la democracia y crea condiciones para violación de los derechos humanos. Habrá que estar atentos a factores como inequidad, injusta urbanización, desempleo, pobreza y debilitamiento de las instituciones; trabajo en el que debemos participar todos, si queremos solución.
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