O el presidente Felipe Calderón se siente ya a las anchas en el poder y, por lo mismo, con habilidad y capacidad para atacar distintos frentes o está agotando precipitadamente los recursos para legitimarse en el poder.
Vale plantear la disyuntiva porque, por lo visto, está resuelto a modificar su actuación en cuatro frentes de enorme complejidad: la violencia criminal, la violencia política, la pobreza social y la economía que depende de la industria petrolera.
Es probable –deseable, incluso– que el Gobierno cuente con inteligencia y estrategia para lanzar esa ofensiva. Si es así, el sexenio está en su momento más importante, aquél donde el Ejecutivo considera tener control de las riendas del poder para ejercerlo incluso con osadía. Si no es así, tal ofensiva revela síntomas de desesperación en el afán de legitimarse en un poder que, de a poco, se desvanece.
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Si el acuerdo de debatir la reforma petrolera abrió una tregua para que el movimiento lopezobradorista y el Gobierno calderonista ajustaran estrategia y operación ante el debate y la reforma, el Gobierno optó por un plan en extremo complejo: modificar su actuación en cuatro frentes.
No se advierte, al menos públicamente, que toda la energía gubernamental esté puesta en ganar el debate sobre la reforma petrolera que, por su naturaleza, repercutirá en el curso de la iniciativa presidencial y probablemente del Gobierno. Desde luego, la iniciativa no iba ni va a quedar en los términos propuestos, pero no se ve una actuación y acción oficial decidida a defenderla.
No se ve eso, pero sí, en cambio, la decisión gubernamental de moverse en otros frentes, sea para diluir el eventual fracaso de la iniciativa petrolera o bien, para coronar su éxito colgándose, además, otras condecoraciones en el campo del crimen organizado, de los grupos políticos armados y en el de la pobreza. La apuesta es enorme. Si pierde, el efecto será devastador para el Gobierno y su partido. Si gana, el Gobierno y su partido estarán en jauja de cara a la elección intermedia.
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Falta información para aventurar un pronóstico y, aunado a ello, el Gabinete no acaba de acreditar la habilidad y capacidad necesarias para actuar coordinada y combinadamente. La sensación que envuelve, entonces, a ese plan –si lo es– es de incertidumbre y, se sabe, esa compañía no es buena cuando se pretende actuar en distintos frentes al mismo tiempo.
En el campo de la reforma petrolera no se advierte una estrategia para sacarla del fuego cruzado. Por un lado, más de un líder empresarial la considera muy por debajo de las expectativas generadas. Por otro lado, el lopezobradorismo advierte que nomás no la dejará pasar. Y, en medio de ese fuego, el Gobierno se muestra errático: reconoce que no es la deseable, que probablemente ni siquiera alcance el nivel de lo posible, pero que se daría por bien servido con lo que sea la voluntad legislativa.
Si la idea del equilibrio es dejar a todo mundo insatisfecho, no queda claro si realmente la reforma petrolera es prioritaria para el Gobierno.
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En paralelo a ese asunto, la denuncia hecha por el comandante de la Segunda Zona Militar del país, el general Sergio Aponte, descubre uno de los nudos gordianos que frustran el combate al narcotráfico: la connivencia del crimen organizado con la Policía desorganizada.
En Baja California –territorio panista desde hace ya casi veinte años–, el militar exhibió nombre y apellido de servidores públicos que, en realidad, sirven a la delincuencia. Tamaña denuncia no ha tenido mayor efecto, pero abre un asunto que lastima no sólo a Tijuana sino también a otras muchas plazas de la República. Una porción del poder civil es socio del poder criminal y el poder militar ha decidido denunciarlo.
Si la jerarquía y estructura militar es la de siempre, lo dicho por el general Aponte no expresa un exabrupto sino un señalamiento que exige una decisión: o se va a fondo y se ataca a los socios políticos y económicos, públicos o privados, complicados con el crimen o se continúa una guerra cuyo destino marca una derrota para el Ejército y la sociedad. No se puede combatir al crimen sin contar con la lealtad y el respaldo de las corporaciones policiales al Estado, y con políticos y empresarios que participan impunemente en el negocio criminal.
¿Se intensifica o se afloja el combate? La respuesta tiene por fecha límite el proceso electoral 2009, o sea, hacia fines de este año, pero la denuncia hecha exige la respuesta cuanto antes: se radicaliza el combate rediseñando la inteligencia y la estrategia o se asume la derrota con sus costos.
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A esos frentes, se suma otro. Año y medio después, el Gobierno replantea la política social e integra en uno solo los distintos programas. No explica cómo puede integrarse lo distinto, pero anticipa la intención: “Vivir mejor”.
La idea original, supuestamente, era relanzar la política social luego de aprobarse la reforma petrolera. Constituiría un gesto para atemperar los ánimos y, a la vez, fincaría la plataforma gubernamental y partidista ante la elección intermedia. Ahora, sin reforma ni combinación, se ha hecho el relanzamiento que plantea una osadía o un error.
El ajuste en el partido y el Gobierno –Germán Martínez a Acción Nacional, Juan Camilo Mouriño a Gobernación y Ernesto Cordero a Desarrollo Social– pretendía coordinar tres políticas: la partidista, la interior y la social a fin de remontar el desgaste derivado de reforma petrolera y combinarlas para elaborar política electoral del año entrante.
El desgaste derivado de la reforma petrolera ya empezó, pero no ha terminado y, en medio de él, afloran discrepancias entre el dirigente del partido y el responsable de la política interior cuando menos en un nuevo frente: el del diálogo con el Ejército Popular Revolucionario.
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En efecto, a los frentes abiertos se agrega uno más: el del diálogo con la guerrilla. Una convocatoria oficial que, por su equivocidad, bien puede saludarse o despedirse.
Las condiciones del secretario Juan Camilo Mouriño para dialogar con el Ejército Popular Revolucionario dejan una duda: a lo mejor sólo se quiere exhibir a la guerrilla para legitimar una acción contundente contra ella o, como el secretario no es muy bueno en eso de fijar posturas, a lo mejor en verdad se quiere dialogar para clausurar la tentación de la vía armada. ¿Se quiere dialogar o no?
Cualquiera que sea la intención, una convocatoria como ésa deja en el aire muchas preguntas. ¿Se prefiere dialogar con grupos armados que con grupos resistentes? ¿El Ejército está en condiciones de actuar contra la guerrilla si se rechaza el diálogo?
A esas interrogantes se agregan otras, producto del presunto involucramiento del Gobierno de Ulises Ruiz en la reactivación del EPR. ¿La posibilidad del diálogo supone la ruptura del Gobierno Federal con el de Oaxaca y asume cualquier efecto en su alianza con el PRI, por decir algo, de cara a la reforma petrolera? ¿El PRI, finalmente, está decidido a soltar el lastre del gobernador Ulises Ruiz?
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En fin, el Gobierno calderonista ha resuelto abrir más frentes o modificar su actuación en algunos de ellos. Ojalá eso responda a que, finalmente, se siente a sus anchas en el poder y no a que está agotando con desesperación los recursos para legitimarse en él.
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