Las expropiaciones que ha realizado el gobierno del Distrito Federal desde febrero de 2007, para adueñarse de predios donde presuntamente se realizaban actividades delictivas, propiciaron 97 amparos por parte de quienes se dijeron afectados con la decisión de Marcelo Ebrard.
De esos amparos, 26 están pendientes de resolución y a pesar de que los jueces no han emitido el fallo final, las autoridades locales ya ocuparon las propiedades o hacen obras públicas en esos lugares, para crear centros de convivencia del DIF, parques o plazas comerciales.
Las autoridades no detendrán esas obras ni su permanencia en dichos terrenos, aunque los jueces que llevan los amparos resolvieran en su contra durante los próximos meses.
De acuerdo con la consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, si un juez ordenara la devolución del predio en litigio, las autoridades aplicarán una figura denominada "cumplimiento sustituto".
El "cumplimiento sustituto", detalló la funcionaria, permitiría argumentar ante un juez que debido a las obras ya realizadas o por haberse demolido la estructura original, es imposible devolver el predio y entonces la única salida que queda es pagar una indemnización al quejoso.
La administración local no ha revelado cuánto recursos económicos ha erogado para pagar indemnizaciones por la expropiación de predios, sin embargo, durante 2007 la Oficialía Mayor del gobierno de la ciudad incrementó su presupuesto en 139%, al pasar de 653 millones de pesos a mil 651 millones.
